La Fiscalía ve delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal en el SCS

La Fiscalía ha visto indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados en relación a las irregularidades en adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud, en los que según el Ministerio Público se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.

El delito de exacciones ilegales consiste en "exigir, directa o indirectamente, derechos, aranceles o minutas indebidos o en cantidad superior a la debida".

La denuncia que ha interpuesto la Fiscalía, y que instruirá el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, está dirigida contra el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo, así como contra el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, y el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.

"Todo ello, sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción del procedimiento se puedan ampliar el número de investigados y/o delitos cometidos", puntualizan desde la Fiscalía.

PP e IU, promotores de las denuncias que motivaron la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, ya han confirmado que se personarán en la causa.

En sus denuncias, alertaban de indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones, tipificados todos ellos en el Código Penal, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de ellas a tres empresas del hijo del alcalde socialista de Suances.

Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.

Correo electrónico

La funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acaba de jubilar, denunció "injerencias continuas" del subdirector de Gestión Económica en decisiones que la corresponden, "absoluto desprecio" a su autoridad y trato "vejatorio".

También denunció la ocupación de su despacho por asesores externos de los que desconoce su relación con la administración, que intervienen en la valoración de las ofertas y a los que se entrega documentación contractual; la celebración de reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales; que se paralizan expedientes "sin ninguna motivación" y se recepcionan obras, servicios y suministros "sin estar listos para su entrega".

Asimismo, señaló que el subdirector no le permitía el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, que encargaba expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obligaba a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos.

La primera denuncia en llegar a la Fiscalía fue la de IU, que se basó en la carta de la jefa de Contratación y en las irregularidades que denunció en rueda de prensa la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga. Pocos días después, el PP formalizó su denuncia en la Fiscalía con toda la documentación que previamente entregó en mano al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, fruto según dijo Buruaga, de una investigación realizada durante meses.

En su denuncia, el PP alertaba de "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.

Al margen de la vía judicial, todos los partidos de la oposición han pedido reiteradamente sin éxito la dimisión de la consejera de Sanidad como responsable política de las irregularidades en el SCS, o en su caso, su cese por parte del presidente Revilla, y el Parlamento ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre los contratos del SCS en esta legislatura y en la anterior del PP, para depurar responsabilidades políticas, pero desde el acuerdo plenario no se ha dado ningún paso en esa dirección.