Segundo 'round' de la Agencia de Salud Pública entre "expectación" y flecos

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley para crear la Agencia de Salud Pública. Es la segunda intentona del Gobierno de sacar adelante este plan que surgió en 2011 y que ha permanecido durante 14 años en un cajón. Todo parecía encaminado en marzo, con un amplísimo apoyo en la Comisión de Sanidad, pero el día 20 la ley cayó como represalia del PP y de Junts por el rechazo de la Mesa del Congreso a las enmiendas a la Ley de desperdicio alimentario. Ahora la historia se repite: el Gobierno llevará el mismo texto al Congreso, tendrá que pasar por los mismos trámites y, finalmente, ser aprobado por el Pleno. La pelota vuelve a estar en el tejado del principal partido de la oposición y de los siete diputados de Junts.

Entre los partidos con mayor representatividad en el Congreso las sensaciones son las mismas, o al menos muy semblantes, a las que había tras la votación del 20 de marzo. En el PSOE cargan el peso de la responsabilidad sobre los populares, cuyo ‘no’ fue determinante para que decayera la Ley, mientras que el partido de Alberto Núñez Feijóo desliza que antes de cerrar su apoyo a la misma han de atarse algunos cabos que quedaron sueltos de la pasada negociación.

Nada hace presagiar que los grupos que sostienen al Gobierno (PSOE y Sumar) no puedan llegar a un entendimiento para, esta vez sí, dar luz verde a la Agencia. Sin embargo, la sorpresa del pleno celebrado el 20 de marzo obliga a contemplar cualquier escenario posible. Fuentes socialistas indican a Redacción Médica que su posicionamiento no ha variado un ápice, e insisten en que ha de ser el PP el que se “desdiga”. El grupo que abandera en la Comisión de Sanidad del Congreso Carmen Martínez asegura que está “expectante”, e inciden en que el rechazo de los populares (y de Junts) al Proyecto de Ley no fue consecuencia del proyecto de la propia Agencia sino de otras negociaciones paralelas.

El PP, disgustado con la intervención de Mónica García

Aunque que el ‘no’ de PP y Junts fue una represalia al ‘veto’ a las enmiendas del Senado relativas a la ley de desperdicio alimentario, fuentes populares subrayan que hay otros ‘flecos’ que frenaron su apoyo. En primer lugar, aluden a una cierta falta de transparencia sobre el director de la Agencia después de que todos los focos se posaran sobre el epidemiólogo Fernando Simón. El propio Simón descartó asumir la dirección si se lo ofrecieran por elección directa. 

Por otro lado, apuntan a la bronca comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno en el que decayó la Ley, que según los populares acabó de dinamitar cualquier acuerdo. “No eran las formas, no tenía ninguna intención de buscar el acuerdo”, aseguran las fuentes consultadas por este periódico.

Más claro parece el posicionamiento de Vox, que ya exteriorizó sus reticencias hacia la Ley en la votación del dictamen del proyecto en la Comisión de Sanidad y volvió a rechazarla en el pleno posterior. Las razones, apuntaron, radican en el apartado competencial: la formación considera que ha de haber una respuesta única que parta de la administración central, de forma que la Agencia no se ‘trocee’ en 17 partes. “Los separatistas quieren imponer sus intenciones”, dijo entonces David García, voz sanitaria en esta Cámara, mantiene su portura.

De hecho, este martes Mónica García reiteró que su sensación “siempre ha sido positiva con todos los grupos excepto con Vox”. Sanidad ha presentado el texto original, pero creen que gran parte del trabajo ya está avanzado, con las enmiendas pactadas que se acordaron hace un mes. La ministra espera que cuando se vote en el Congreso los grupos parlamentarios “vuelvan a la ruta trazada, con diálogo y con consenso”, porque es “una deuda pendiente con los ciudadanos”.

Apoyo garantizado de PNV y Bildu

Según ha podido saber Redacción Médica, los dos partidos vascos, PNV y EH Bildu, aseguran su apoyo al texto. Los peneuvistas se encuentran en una etapa de transición: Aitor Esteban dejó su escaño después de veinte años en el Congreso y doce como portavoz para convertirse en presidente del partido. Le releva, precisamente, la portavoz del Grupo Vasco en la Comisión de Sanidad: Maribel Vaquero. “Si se vuelve a presentar en términos similares, lo apoyaremos”, señalan desde el PNV. Eso sí, volverán a presentar las mismas enmiendas que, en el anterior trámite, iban de la mano de Junts, principalmente en lo relativo a competencias autonómicas. Desde EH Bildu tildan de “irresponsabilidad” la decisión del PP y de Junts de votar en contra de esta agencia, sobre todo por hacerlo por cuestiones ajenas. En cualquier caso, sostienen que la apoyarán: “No vamos a ser un obstáculo”.

Esquerra Republica de Catalunya (ERC) mantuvo su apoyo a la ley y logró incorporar una de sus demandas en una enmienda transaccional: proteger la innovación incremental de los fármacos. Los republicanos defienden esta medida para respaldar a la industria farmacéutica catalana y para que los productos que contienen estas innovaciones queden excluidos del sistema de precios de referencia. Sin embargo, el Gobierno ha impulsado ahora esta misma iniciativa a través de otro texto: la nueva Ley de Medicamentos, también aprobada el martes en Consejo de Ministros.

Junts tiene la llave si el PP bloquea la Agencia

Y llegamos al ‘quid’ de la cuestión: Junts per Catalunya. Como en otros muchos asuntos en esta legislatura, la balanza se decanta de un lado o de otro en función del voto del partido de Carles Puigdemont. Tras presentar enmiendas a la totalidad a la Agencia en 2023, igual que el PNV, por invadir competencias autonómicas, este grupo parlamentario las retiró y se mostró a favor de la iniciativa en estos últimos meses para posteriormente tumbarla en la votación final.

Desde el Grupo Mixto, las posiciones también se mantienen: Coalición Canaria apoyó la Agencia de Salud Pública y, “si no hay cambios”, volverán a votar ‘sí’. El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, se abstuvieron el 20 de marzo. UPN señala que, si el Gobierno vuelve a su redacción original, plantearán las mismas enmiendas, en relación con los Colegios Farmacéuticos y las competencias autonómicas.