Pacientes llevan la subasta de equivalentes a los tribunales

Redacción. Madrid

La consejera de Sanidad, María José Sánchez Rubio.

Las subastas de medicamentos emprendidas por la Junta de Andalucía no gustan a todos los colectivos de pacientes. Hasta el punto de que la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) y la Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE) ya han emprendido acciones legales contra el Gobierno de Susana Díaz. Los dos colectivos han llevado el asunto al Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales y estudian ir a más: sopesan la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Las intenciones de la federación de pacientes son claras. De entrada, exigen la aprobación de medidas cautelares que logren la suspensión del proceso emprendido por la Junta. Y, ya entrando en materia, quieren que se anule el lote número 4 de la subasta, que es en el que se recogen los medicamentos de uso para la hemofilia.

No es la primera vez que la organización ha recordado que el hecho de que los diversos factores VIII recombinantes compartan el mismo grupo terapéutico, “no supone que sean medicamentos sustituibles, tal y como está legalmente reconocido”, según expresa Fedhemo. 

Inquietud de los pacientes

“Esta situación vulnera la libertad de prescripción de los profesionales sanitarios, uno de los principales derechos inherentes a esta profesión”. Así se expresa el colectivo a este respecto, ya que, a su juicio, hay que permitir a los especialistas “realizar la prescripción farmacéutica que consideren más oportuna para cada paciente”.
Y además de esta,  hay más inquietudes entre estos enfermos, como la del “riesgo que supone establecer un cambio que se plantea a favor de la sostenibilidad, pero que en ningún momento expone un beneficio o mejora de la calidad de vida para los pacientes”.

Fedhemo tiende la mano a trabajar por la sostenibilidad del sistema sanitario, pero no de la forma que se propone en Andalucía. Sus responsables estiman que lo más adecuado sería solucionar las diferencias entre el marco regulatorio comunitario, la práctica clínica y el régimen de contratación. “Ya que si éste último se salta el criterio de los dos primeros, así como la opinión del profesional sanitario, las personas con hemofilia podrían ver comprometidos sus principales factores de riesgo: la inmunogenicidad y el desarrollo de inhibidores de factor VIII”, concluye el comunicado de la federación que agrupa a 21 asociaciones de pacientes.

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