El Parlamento rechaza “todas las medidas de copago” del Gobierno de Rajoy

Redacción. Sevilla
La Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento andaluz ha aprobado, con el apoyo del PSOE-A e IULV-CA y el voto en contra del PP-A, una proposición no de Ley (PNL) para expresar el rechazo a "todas las medidas de copago impuestas en los últimos dos años por el Gobierno de España".

El portavoz socialista Jesús Ruiz.

Durante su comparecencia, el diputado socialista Jesús Ruiz ha señalado que "el Gobierno del PP está llevando a cabo desde 2012 un amplio conjunto de medidas destinadas al desmantelamiento" del sistema nacional de salud "con la excusa de la crisis económica y bajo el paradigma del 'austericidio' a toda costa", y ha recordado el "varapalo" del Consejo de Estado al Gobierno con un dictamen "que sentencia que es más costosa la implantación de copagos en el transporte sanitario no urgente, prótesis y productos dietéticos que el ahorro que supondrían".

Además, ha señalado que la mayor parte de estos copagos "han sido impuestos de espaldas de las comunidades autónomas, profesionales y asociaciones de pacientes, que suponen "un caos" y que "están destinados a generar confusión, disminuir rentas familiares y cuestionar la equidad del sistema sanitario"; y, desde luego, "están orientados a mejorar y generar transferencias de la renta de las familias hacia la industria farmacéutica".

Por su parte, el diputado popular Rafael Valero ha calificado la intervención de Ruiz como un ejercicio "de cinismo y de hipocresía dialéctica, vacía de contenido y llena de demagogia", y ha dicho que pretende "defender unas políticas públicas y de bienestar que brillan por su ausencia", al tiempo que se pregunta "cómo pueden criticar estas medidas, cuando la caída de la sanidad andaluza se ha producido en los 30 años de Gobierno del PSOE", y ha destacado que en la actualidad "la deuda con las proveedoras asciende a 1.700 millones".

Asimismo, ha lamentado "los escándalos que se han dado en las últimas semanas", como la destitución del anterior gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Luis Gutiérrez, o "el ejemplo de Granada, donde en Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves no había ni ibuprofeno ni agujas intravenosas". Además, ha puesto de relieve los "colapsos" en urgencias o "el ofrecimiento de contratos basuras de gran precariedad a profesionales de la sanidad, de quince días a razón de dos horas, y contratos a facultativos para fines de semana y guardias".

"Con este panorama, cómo pueden querer eliminar medidas que han traído oxigenación a la economía de la sanidad andaluza, que han racionalizado el consumo de los medicamentos, medidas que no hacen más que sacarles las castañas del fuego, ya que la sanidad es responsabilidad de las comunidades autónomas y en Andalucía la situación es dramática", ha señalado el diputado popular, quien agrega que pese a que "son medidas impopulares que no estaban en el programa y que no se desean, de no ser por ellas, habría una situación insostenible".

Valero ha añadido que estas medidas "cumplen la equidad e igualdad de acceso a los servicios públicos de calidad, garantizando la sostenibilidad de un sistema lastrado por el derroche", toda vez que ha criticado que la "alternativa presentada es una subasta ruinosa que genera inseguridad, y que además limita los medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, o que ha eliminado la capacidad decisoria del facultativo".

Por último, el diputado de IULV-CA, Manuel Baena Cobos, ha afirmado que "la justificación desde el ahorro que planteaba el copago no se ha reflejado en la práctica", a lo que, agrega, "hay que sumarle lo más de 400 medicamentos que están fuera de la financiación pública, y que ha significado la venta libre en farmacia y una subida de precios muy importante", porque, además, "suelen ser medicamentos muy utilizados", que "se están cargando sobre la renta familiar".

Además, defiende la subasta de medicamentos planteada en Andalucía, y ha insistido en el rechazo de su formación política al copago, al que ellos califican como "repago", porque "no se puede cargar sobre los ciudadanos el compromiso que el Gobierno de la Nación mantiene con la industria farmacéutica", concluye el diputado de IU.