Catalina García, consejera de Salud y Consumo en la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el decreto por el que
se crea y regula el funcionamiento de la Comisión de Coordinación y Colaboración en Materia de Violencia de Género en el sistema sanitario público de Andalucía. La Comisión estará compuesta por
16 miembros y adscrita a la consejería competente en materia de salud.
El decreto señala que su finalidad será "la
gestión y coordinación de las actuaciones e iniciativas de prevención e intervención en materia de violencia de género en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía (SSPA)", según se explica en la referencia del Consejo de Gobierno.
En cuanto a sus funciones, destacan la de
desarrollar las líneas estratégicas sanitarias contenidas en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito del SSPA, la
detección de nuevas necesidades e iniciativas de atención relativas a la violencia de género que surjan en los diferentes ámbitos territoriales del SSPA y la
elaboración de propuestas de proyectos para el desarrollo de las líneas estratégicas relacionadas con la violencia de género en el SSPA.
Además, la Comisión se encargará de "coordinar los proyectos y recursos utilizados para el desarrollo de las líneas estratégicas relacionadas con la violencia de género en el SSPA, así como de la elaboración y propuesta de protocolos del ámbito sanitario en materia de violencia de género".
Dentro de sus funciones destaca también la
revisión anual de las iniciativas en el ámbito de la violencia de género en el SSPA.
Del mismo modo, en cada delegación territorial o provincial competente en materia de salud
se creará un comité territorial que se configura como un grupo de trabajo de carácter técnico de la Comisión, cuyo objeto será realizar estudios y análisis correspondientes a las actuaciones o materias que le sean encomendados por la Comisión en su ámbito territorial.
Finalmente, desde la Junta han aclarado que la creación de esta Comisión
no implica aumento del gasto que afecte al Presupuesto de la Consejería, ni del SAS y, por tanto, "no tendrá incidencia económica sobre el Presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía".
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