Defensor del Pueblo pide al Gobierno que ajuste en términos de "progresividad y equidad" el copago farmacéutico

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo confía en que, en la legislatura recientemente iniciada, el Gobierno pueda acometer una reforma normativa, "reiteradamente recomendada" por este organismo, para ajustar, "en términos de progresividad y equidad", el actual modelo de copago farmacéutico.

Así lo ha explicado la institución en su informe correspondiente a 2019, donde expone la necesidad de un cambio legislativo al observar que a algunos ciudadanos con carencias económicas les resulta difícil pagar el precio de algunos medicamentos que han sido excluidos de la financiación pública y que, aun estando indicados para dolencias de menor gravedad, pueden ser imprescindibles para complementar el tratamiento de la enfermedad principal.

La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, recuerda que el copago afecta negativamente a personas con pocos recursos económicos y desempleadas, así como personas con discapacidad o con enfermedades muy graves. Su recomendación es la introducción de un supuesto de exención del copago para las personas con ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo de renta es el mecanismo que puede resultar más efectivo para compensar las carencias del actual sistema.

Por tanto, el sistema de copago de los medicamentos se mantiene como una queja recurrente de los ciudadanos desde que se introdujo por motivos de ahorro en 2012. No obstante, como otros años, también se han tramitado algunas quejas referidas a la falta de suministro de algún medicamento, especialmente en aquellos casos en que no se encontraba la referencia informativa que actualiza periódicamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en su sitio web, y cuando la situación era planteada por el afectado con especial preocupación ante la ausencia de una alternativa adecuada.

Cabe reseñar la publicación, en el mes de mayo de 2019, del Plan de garantías de abastecimiento de medicamentos 2019-2022, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que resume la evolución de los problemas de suministro de medicamentos, creciente en los últimos años, y contiene un plan de acción a desarrollar para contrarrestar los efectos más perjudiciales para la salud de los ciudadanos.

Es significativo el incremento de los problemas catalogados como de impacto mayor, es decir, los que generan un impacto asistencial importante, por no disponer de alternativas terapéuticas en alguna o ninguna de sus indicaciones, siendo necesarias acciones que van más allá de la sustitución del medicamento por el farmacéutico o el cambio de prescripción por parte del médico.

Por otro lado, en 2019 el Defensor del Pueblo ha considerado oportuno volver a solicitar información al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acerca de la no financiación de una de las indicaciones clínicas autorizadas para los llamados medicamentos anticoagulantes orales directos (ACOD), la referida al tratamiento de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar y prevención de las recurrencias de estas patologías en pacientes adultos.

Anteriormente, ese ministerio había informado que la relación coste efectividad desfavorable de esos medicamentos era la razón de la decisión adoptada. El nuevo informe recibido de ese mismo ministerio, elaborado por la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, estima que los argumentos trasladados en 2017 permanecen vigentes, y afirma que no consta que se hayan producido cambios relevantes en el estado de la ciencia sobre este particular, o consideraciones de tipo económico o fármaco-económico que permitan evaluar de nuevo la decisión de no financiación de dicha indicación clínica.

PIDE LLEVAR AL CISNS LAS LISTAS DE ESPERA

El Defensor del Pueblo recuerda que la crisis económica ha lastrado los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, que continúan sin embargo representando la primera partida de gasto corriente de las comunidades autónomas. "Los efectos son perceptibles y han sido compensados estos últimos años solo parcialmente", se lamenta el organismo.

"La mayor parte de la reducción se produjo en gastos de personal. Reducción de plantillas, paralización de contratos, contratos menos estables, reducción de salarios y peores condiciones laborales. La inversión en equipos y en obras de mantenimiento también se redujo de manera considerable en el periodo de crisis".

Como consecuencia de esta situación, advierte de que han aflorado problemas serios", como es el caso de las listas de espera que "son todavía demasiado largas y las urgencias con frecuencia se encuentran saturadas". "Se trata de circunstancias arrastradas desde hace varios años, que podrían cronificarse y hacer temer por un deterioro de la atención sanitaria pública", advierte.

En esta línea, el año pasado se recibieron 790 quejas relacionadas con la sanidad, la mayoría sobre el ámbito de la Atención Primaria y la atención especializada. Las relativas a listas de espera reflejan la escasez de profesionales o la consecuencia de la falta de servicios y especialidades, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño.

Al respecto, la Institución continuó formulando recomendaciones a distintas comunidades autónomas para que reduzcan las demoras en los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción mamaria; para que el periodo de espera en la realización de primeras consultas externas en algunas especialidades no supere el plazo legalmente establecido; o para que se comunique a los pacientes la fecha aproximada de una intervención quirúrgica programada tiempo atrás.

Asimismo, en 2019 concluyó la actuación con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y todas las administraciones autonómicas, para conocer los recursos con que cuenta el Sistema Nacional de Salud para ofrecer una adecuada atención psicológica. El Defensor de Pueblo ha recomendado al Ministerio de Sanidad que lleve este asunto lo antes posible al seno del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS), para que Estado y CCAA aborden el incremento de recursos de atención psicológica, la extensión de esta atención al ámbito de la atención primaria y la creación de más plazas de formación especializada.