Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, parece que no ha entendido que la corrupción atenta contra la ideología y el buen ejercicio de la política, también cuando el presunto desfalco viene de las filas de su partido. Así, después de que la Consejería de Sanidad valenciana haya llevado a la Fiscalía facturas supuestamente irregulares del Hospital Provincial de Castellón por valor de 25 millones de euros, la dirigente popular ha afirmado que cuando se destapan estas cuestiones se debe a que el Gobierno no tiene nada que ofrecer a los ciudadanos. En estos casos, y más cuando se habla de sanidad pública, no se pueden lanzar balones fuera. Se deben dar respuestas contundentes y Bonig ha sido tibia. Un ejemplo que podría seguir es el de su compañero de partido y presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, que no solo ha apoyado la investigación sino que ha pedido las facturas para poder trabajar codo con codo con el departamento que dirige Carmen Montón.