El Ministerio de Hacienda se agarra a la literalidad de los pliegos para no atender las razones dadas por los expertos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales



23 oct. 2015 16:44H
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Redacción. Madrid
La polémica en torno a la anulación por parte del Ministerio de Hacienda de la adjudicación del programa de viajes de 2015/16 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sigue arrojando datos preocupantes.


Cristóbal Montoro.

Redacción Médica ha tenido acceso a la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha podido comprobar cómo el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha desdeñado sistemáticamente los criterios técnicos de la adjudicación que se refieren a la protección de la discapacidad y también a la salud.

El tribunal nombrado por Hacienda entra en una contradicción flagrante cuando admite el recurso de Mundiplan (UTE de Iberia y Alsa) en lo relativo a la accesibilidad del transporte que prestará servicios a los jubilados discapacitados. Por un lado, hace suya la argumentación del recurrente, que se agarra a la literalidad de los pliegos, desdeñando los criterios técnicos. Sin embargo, el tribunal reconoce que toma esta decisión en contra de los criterios técnicos, “por más que tales criterios, insistimos, puedan ser razonables”, dice textualmente la resolución de Hacienda. ¿Saben los técnicos del Ministerio de Hacienda más sobre las necesidades de los discapacitados que el propio Imserso?

Pero la injerencia de Hacienda va más allá. También a la hora de valorar si los hoteles elegidos disponen en su entorno de los servicios sanitarios adecuados. Ni qué decir tiene que el perfil del beneficiario de estos viajes del Imserso es el de una persona generalmente medicada o polimedicada, que padece enfermedades crónicas, y debe tener una vigilancia especial. Pues bien, los ‘chicos de Montoro’ tampoco creen que esto sea importante y no le parece suficiente que los técnicos del Imserso se hayan basado en la experiencia de años anteriores y en visitas presenciales y consultas a través de internet para desechar aquellos hoteles que no cumplían bien con este aspecto sanitario. Y de nuevo creen que su sapiencia sociosanitaria está por encima de la que emana del propio Ministerio de Sanidad y resuelven a favor del recurso de Mundiplan.

Como se puede comprobar, si finalmente se adjudican algunos de los lotes siguiendo el mandato de Hacienda, se puede poner en riesgo la seguridad y comodidad del desplazamiento de los discapacitados, así como la salud de los beneficiarios de este programa de viajes. Hasta el lunes hay de plazo para que la otra UTE que opta a la adjudicación, Mundosenior (Globalia y Barceló), recurra y pueda al menos evitar que los criterios sociosanitarios queden pisoteados por el ministerio de Montoro.




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