María Márquez. Madrid
El Grupo Socialista presentará el próximo miércoles en el pleno del Congreso la Proposición de Ley (PL) sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública para recuperar la atención al inmigrante ilegal y eliminar la figura del “asegurado”, o lo que es lo mismo, revertir las condiciones creadas por el Real Decreto 16/2012. No es la primera vez que los socialistas claman por una sanidad universal, pero en esta ocasión la confianza ‘popular’ tendrá un significado especial. Si no se produce, advierte el portavoz socialista de Sanidad en la Cámara Baja, José Martínez Olmos, no habrá pacto en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
José Martínez Olmos, portavoz socialista de Sanidad.
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En declaraciones a Redacción Médica, Martínez Olmos se muestra tajante al anunciar que el debate parlamentario del día 30 de abril será “la última oportunidad del PP y el Gobierno para tener un pacto de Estado en sanidad”. Si los ‘populares’ rechazan la PL, dicho pacto, que previsiblemente será debatido el 7 de mayo en Comisión, corre serio peligro. “Será imposible”, lamenta el portavoz socialista.
El objetivo de la propuesta normativa, registrada el pasado mes de febrero, es el de “volver a la situación pactada en mayo de 2003 entre Ana pastor en el gobierno y el PSOE en la oposición en la Ley de Cohesión y Calidad”, explica Martínez Olmos, y cuyo artículo 3 fue modificado por el RD 16/2012.
El padrón, único requisito para el extranjero ilegal
El pilar fundamental del documento socialista es la recuperación de la asistencia sanitaria pública para el inmigrante ilegal. Una decisión, reza el texto, que ha provocado “graves consecuencias en términos de salud individual, colectiva o pública, además del recorte de derechos que supone y que no respeta principios constitucionales como es el de la dignidad de la persona”. El Grupo Socialista se apoya en el rechazo explícito manifestado por la comunidad médica y también por varias comunidades autónomas que han optado, tal y como argumentan, por no poner en la práctica esta exclusión de la red sanitaria. En este sentido, este diario se hacía eco, el pasado mes de marzo, de la petición pública que el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, realizó a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para reabrir las puertas de la Atención Primaria al inmigrante ilegal.
La propuesta socialista contempla modificar el artículo 3 de la Ley 16/2003 de forma que los extranjeros sean “titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria” en igualdad de condiciones que el ciudadano español. Una asistencia reforzada con la modificación del artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000, estableciendo el padrón como único requisito para ser atendido tanto por motivos de urgencia como por enfermedad grave o accidente (“cualquiera que sea su causa”).
Por otro lado, el texto también refleja la preocupación por la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria para aquellos ciudadanos españoles que, habiendo agotado las prestaciones por desempleo, abandonen el país durante más de 90 días.
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