Eduardo Ortega Socorro. Madrid
El Ministerio de Sanidad maneja la posibilidad de cerrar unidades y centros de referencia (CSUR). Según explica Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, este planteamiento surge de la “reducción de casos y de actividad de algunos de ellos. Tenemos que ver si pueden seguir”.
Agustín Rivero, directro general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes; Luis Calvo, de la Asociación Española de Derecho Sanitarios; Carmen Plaza, letrada del Tribunal Constitucional, y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.
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Esta idea entronca con el proyecto de real decreto, que Sanidad dio a conocer en julio, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y se determinan los requisitos mínimos comunes para su autorización y también para su cierre. En todo caso, Rivero insiste en que la idea es concentrar más todavía los centros y unidades, de maneras que determinadas técnicas o tecnologías sanitarias, debido a su elevado precio y la necesidad de experiencia en su uso y aplicación, “se hagan en un hospital concreto”.
En este sentido, Rivero recuerda que cualquier técnica o tecnología que se emplee en centros del SNS, para que esté en cartera básica, debe “superar una evaluación previa” a través de “estudios de monitorización y observacionales”.
Por otro lado, y respecto a las críticas respecto a la equidad en el acceso a determinadas prestaciones en la sanidad pública, avisa de que hay centros y profesionales que están aplicando “procedimientos no aprobados en cartera básica”, y que por eso están en unos hospitales y en otros no.
Variaciones y territorio
El responsable ministerio aborda estas cuestiones durante su intervención en la mesa redonda ‘¿La cohesión territorial y la igualdad en el acceso a las prestaciones del SNS en riesgo? Medidas legales y doctrina constitucional’, celebrada en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. En la misma también ha participado Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, quien recuerda la “universalidad no puede ser un derecho sujeto a variaciones por cuestiones de territorio”.
En este sentido ha recordado lo ocurrido en comunidades autónomas como Galicia, Navarra, Castilla y León o Comunidad Valenciana, donde los tribunales han derogado o anulado decisiones o reglamentos regionales que contravenían la equidad en el acceso a determinados fármacos. “Habrá que plantearse si el Consejo Interterritorial tendría que tener otras atribuciones”, para hacer de sus decisiones y medidas “vinculantes”. En este sentido, apuesta por la creación de agencia, en el ámbito del medicamento, similar a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).
También carga contra la continua reducción del gasto farmacéutico. “Nadie descarta la racionalización”, apunta, “pero no se contar solo con el medicamento, cuya representación en el presupuesto sanitario ha pasado del 20 por ciento al 15 por ciento. También hay otras partidas ineficientes”.
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