Propuesta para que haya OPE obligatoria en sanidad cada dos años

UGT y CCOO trabajan en una serie de medidas para combatir la precariedad laboral en España, tanto en el ámbito público como en el privado. En sanidad, una de las principales medidas que proponen los sindicatos para reducir la presión profesional y económica de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud es la de establecer Ofertas Públicas de Empleo (OPE) "cada dos años como máximo".

Así lo ha confirmado Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad en Comisiones Obreras, a Redacción Médica, quien ha especificado que otra de las medidas para luchar contra la precariedad que pretenden imponer es que se especifiquen mucho más las causas de la contratación temporal, ya que de otra manera "los contratos precarios no tendrán freno".

Asimismo, Cabrera ha explicado que en el documento también se incluirá una propuesta para la equiparación de las indemnizaciones por despido en los sectores privado y público, una medida que ya se le pasó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando se propuso la modificación del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, ha especificado el secretario general de salud de CCOO.

Indemnizaciones de más 33 días por año trabajado

Las reivindicaciones enumeradas se enmarcarán dentro de un documento que los sindicatos UGT y CCOO están elaborando de forma conjunta y que aún no es definitivo. Además de las medidas específicas para el ámbito sanitario, destacan otras de carácter general de las que también se beneficiarían los profesionales de la salud.

La principal es la que pretende que las indemnizaciones por fraude de las empresas en los contratos temporales sean superiores a la reparación prevista por el despido improcedente de los contratos indefinidos, que es de 33 días por año trabajado. De esta forma, las centrales sindicales quieren que las penalizaciones a las empresas que abusan de la temporalidad sean realmente disuasorias, pues opinan que el actual sistema alienta a las malas prácticas con unas sanciones muy bajas por incumplir la legislación.

Otras medidas disuasorias serían aumentar las sanciones administrativas, reforzar las inspecciones, incrementar de forma significativa la cotización de los contratos de corta duración, fijar las consecuencias jurídicas para el encadenamiento de los contratos o establecer criterios en los convenios que determinen la contratación temporal admisible en una empresa, según informa el diario ABC.

En cuanto al empleo en la Administración, los sindicatos quieren que se controle la temporalidad injustificada en la Administración, además de ajustar las bonificaciones a la contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral.