Las CCAA se suman al reclamo andaluz de vacunar "por ley" a los sanitarios

El repunte de casos Covid en las residencias de mayores ha reabierto el debate entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad sobre imponer la vacunación obligatoria al personal sanitario y sociosanitario. Una medida que ha defendido con vehemencia el consejero andaluz, Jesús Aguirre, y que ha llevado al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, donde ha encontrado apoyo de varias comunidades autónomas. Según ha podido saber Redacción Médica, son cinco las comunidades que ha mostrado su apoyo directo a establecer la vacunación contra el Covid-19 como una medida obligatoria entre el personal sanitario. A su vez, hay otras cuatro regiones que se muestran expectantes ante esta decisión y prefieren no pronunciarse, de momento. 

La Junta de Andalucía tiene claro que ellos quieren obligar a vacunarse contra el Covid-19 al personal sanitario y aprobaron una resolución en este sentido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TJSA) la suspendió cautelarmente junto con la obligatoriedad de realizar pruebas diagnósticas periódicas a todos los trabajadores no vacunados de residencias de mayores y de centros sanitarios y sociosanitarios.

Ante esto, la consejería andaluza ha emitido un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) que aún está pendiente de resolverse. Para Aguirre, en una pandemia debe prevalecer el bien común ante el individual y entiende que se le están “cortando las alas” a la consejería para controlar el Covid. Motivos por los cuales en el último Interterritorial insistió a la ministra de Sanidad para que haga igual que Francia y declare la vacunación obligatoria entre sanitarios.

¿Qué opinan las demás comunidades?

Lo cierto es que Andalucía no está sola en esta iniciativa. Según ha podido saber Redacción Médica por fuentes autonómicas, hasta 5 comunidades autónomas la apoyan y consideran necesario legislar sobre ello a nivel nacional pese al alto grado de inmunización alcanzado entre los profesionales sanitarios.

La Comunidad de Madrid avala la obligatoriedad “desde un plano médico”. Algo que también comparten desde la Región de Murcia: “Abogamos por la vacunación obligatoria porque entendemos que se trata de una situación excepcional. No es una gripe simple, es una pandemia con una facilidad de contagio extraordinaria”. Un sentir que desde Islas Baleares comparten y, por ello, piden legislar a nivel nacional ya que "se trata no solo de un bien personal sino también de protección a personas vulnerables".

Otra de las comunidades que intentó legislar a nivel autónomico en este sentido fue Galicia, quién a través de la reforma de su ley de Salud Pública quería imponer la vacunación obligatoria, pero a toda su población. En cuanto al personal sanitario, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado claramente a favor: “Es imprescindible que el personal sanitario se vacune para poder trabajar con seguridad. Muchos trabajadores tienen que cumplir las normas de seguridad e higiene en su puesto, como operarios de la construcción, del mar o de otros ámbitos con cierta peligrosidad y en el ámbito sanitario debe de ser obligatoria la vacunación para poder tratar y cuidar a esos pacientes”.

¿Trasladar de unidad a los sanitarios que no se vacunen?

El Gobierno de Canarias también apoya la vacunación obligatoria y ha ido más allá. En el artículo 14 del decreto que justifica jurídicamente la aplicación de ciertas medidas para controlar la pandemia incluye la posibilidad de habilitar a la autoridad sanitaria para insistir a ciertos sectores que se realicen pruebas diagnósticas o se vacunen contra el Covid-19. “Es un título habilitante para en un futuro poderlo hacer. No a todo el personal sanitario, al que trabaja en el quirófano o con personas inmunodepresivas, y al personal de residencias de mayores. Aún tenemos que desarrollar la letra pequeña”, explican fuentes de la consejería a este diario.

De esta manera se estaría apartando de dichas actividades asistenciales a los profesionales sanitarios que no se quieran vacunar. Una obligatoriedad que abre la posibilidad de realizar “traslados temporales”. Otras comunidades como Galicia también barajan está opción: "Si un sanitario no quiere vacunarse no puede trabajar en ciertos ámbitos". 

Una medida que desde el colectivo sanitario ven más fácil de implantar que una vacunación obligatoria. “La primera opción sería ponerla en otro puesto de trabajo en contacto directo con pacientes que no sean susceptibles de contraer el Covid. No podría ser de forma sancionadora, sino mediante el uso de la mano izquierda y convencerla de que no puede desempeñar su labor en un centro de igual manera que alguien que está vacunado”, señalan desde Satse Canarias.

Seis CCAA en contra y 4 pendientes de lo que se decida 

En cuanto al resto de autonomías, La Rioja, Castilla y León, Cataluña, y Cantabria no se manifiesta ni a favor ni en contra y se remiten a lo que se acuerde en los órganos técnicos, como la Ponencia Técnica o la Comisión de Salud Pública para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Aunque sí reconocen que se trata de una medida muy compleja desde el punto de vista jurídico.

Por otro lado, hay comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón o Navarra que se muestran claramente en contra. Desde la consejería vasca consideran que no ven necesario abrir un debate sobre la vacunación obligatoria, aunque son consciente de que este existe. "No vemos necesario ahora mismo un debate sobre el tema, pero no se pueden poner puertas al campo. Se trataría de una cuestión que no está en manos del Gobierno Vasco, al ser inaplicable jurídicamente, de tal forma que no se está en eso".

Una postura similar a Navarra: “Desde nuestra comunidad, con las cifras de vacunación poblacional en las que nos situamos actualmente, pensamos que a día de hoy la vía pasa más por seguir convenciendo y motivando a quienes puedan seguir teniendo dudas que por hacer la vacunación obligatoria”, apuntan fuentes de la consejería. De igual modo, la Comunidad Valenciana y Aragón no lo consideran necesario al contar con un alto grado de inmunización entre el personal sanitario y sociosanitario.