La mitad de las enfermeras valencianas agredidas lo han sido hasta 5 veces

Ocho de cada diez enfermeras y enfermeros de la Comunidad Valenciana han sido agredidos mientras desempeñaba su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario, de los que cerca de la mitad lo han sido hasta en cinco ocasiones y cerca de un 12 por ciento en más de 10 ocasiones.

Así se desprende la macroencuesta realizada por el Sindicato de Enfermería (Satse) a enfermeros de la Comunitat Valenciana y del resto de las comunidades para hacer una "radiografía" actualizada sobre el grave problema de violencia en el ámbito sanitario que se sufre España.

En concreto, el 78 por ciento de los enfermeros de la Comunitat consultados por Satse ha sufrido alguna agresión, ya sea física, como empujones, retenciones involuntarias, o puñetazos, o verbal, como amenazas, vejaciones, insultos, a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes o familiares. Del porcentaje de enfermeros agredidos, el 51 por ciento lo ha sido hasta en 5 ocasiones; el 24 por ciento, en una única ocasión; el 11 por ciento, entre 6 y 10 ocasiones y el 11 por ciento en más de 10 ocasiones.

En concreto, en los dos últimos años, marcados sanitariamente por la pandemia del Covid-19, han sufrido algún tipo de agresión el 72 por ciento de los enfermeros valencianos. Asimismo, el 74 por ciento de los profesionales consultados piensan que el ambiente laboral en los centros sanitarios y sociosanitarios, así como la relación con los pacientes, ha empeorado en los dos últimos años: el 6 por ciento considera que solo han empeorado la relaciones con los pacientes y casi el 8 por ciento considera que lo que ha empeorado es el ambiente laboral.

Al preguntar por el tipo de agresión sufrida, y teniendo en cuenta que un tipo de agresión no excluye a otra, y que una misma persona puede sufrir distintos tipos de agresiones, incluso dentro de un mismo acto de violencia, se constata que, mayoritariamente, son los insultos (78 por ciento) y las amenazas (70 por ciento) las formas más frecuentes de agresión, seguidas de las vejaciones (33 por ciento).

Por su parte, el 10 por ciento de los participantes en la encuesta dice hacer sufrido agresiones físicas y un 4 por ciento de los encuestados han sido retenidos contra su voluntad. Respecto al apoyo ante la agresión, el 61% de las han enfermeras no han recibido apoyo de su empleador y el 38 por ciento reconocen que si lo han recibido.

En cuanto a la ayuda psicológica especializada por parte del empleador o del centro de trabajo, el 95 por ciento no la ha recibido, mientras que algo más de un 4 por ciento sí.

Cuando se les pregunta por las principales causas que incluyen en las agresiones, el 87 por ciento opina que la crispación social, el 78 por ciento que la falta de personal, el 69 por ciento que los largos tiempos de espera, el 46 por ciento la falta de información, casi el 28 por ciento por la situación de las instalaciones y el 34 por ciento por el descontento con la atención recibida.

Sin información para afrontar una agresión

En cuanto a la información o formación necesaria para afrontar una agresión en el desempeño laboral, el 69 por ciento considera que no la ha recibido, y más del 30 por ciento que sí. En relación a ello, la encuesta preguntaba si el centro sanitario disponía de los medios y medidas necesarias para evitar las agresiones: el 59 por ciento considera que no, el 10 por ciento que sí y algo más del 30 por ciento no sabe/no contesta.

A juicio de Satse, todos estos datos son muy graves y alarmantes, por lo que esta organización sindical considera que las Administraciones sanitarias deberían hacer actuar de manera conjunta, coordinada y eficaz a todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, teniendo como referente una Ley estatal que luche contra esta grave lacra que afecta especialmente al colectivo de Enfermería por su relación más estrecha y cercana con el paciente y sus familiares.

De hecho, casi el 97 por ciento de las enfermeras encuestadas, consideran que sería necesaria una Ley estatal para luchar contra las agresiones en los centros sanitarios con la finalidad de crear un marco común de actuación para erradicar este problema.