La falta de diálogo CCAA-Sanidad merma la prevención de violencia de género

La falta de comunicación entre las Comunidades Autónomas (CCAA) y los distintos ministerios, entre ellos Sanidad, está dificultando los esfuerzos en la prevención integral de la violencia de género, según un reciente informe de Fiscalización de las Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género publicado por el Tribunal de Cuentas. El estudio, que abarca las actuaciones llevadas a cabo entre 1018 y 2022, revela que la coordinación entre las distintas instituciones es esencial para garantizar una protección adecuada a las víctimas de violencia de género en España.

En concreto, el estudio señala que las propias comunidades autónomas consideran que las relaciones entre todos los ministerios implicados en las políticas de prevención de la violencia de género - distintos al Ministerio de Igualdad -, son “meramente formales”.

Algunas de las CCAA señalan, incluso, que “solo se mantienen contactos en el marco de las mesas de trabajo o reuniones que se convocan por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”.

El informe también revela que, en general, las comunidades autónomas valoran positivamente la relación con la Dirección General de Violencia de Género (DGVG), pero señalan que la colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es mejorable. La colaboración con el Ministerio de Igualdad y las CCAA a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad es la única valorada entre todos los departamentos ministeriales.

Plan para mejorar la comunicación

En este sentido, la falta de comunicación efectiva entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad se evidencia en la medida 95 del informe, que recoge la necesidad de implementar un Plan Estratégico para mejorar la comunicación y compartición de información entre las bases de datos informáticos de las diferentes administraciones públicas.

Estas bases de datos incluyen centros penitenciarios, órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como centros sanitarios, centros de servicios sociales y bases de datos de permisos de armas.

La falta de avances en cuanto a la coordinación entre sistemas, ministerios y CCAA se muestra en este informe como un aspecto preocupante respecto a la aplicación de políticas de prevención. Este elemento se considera una de las cuestiones más complejas de conseguir, y más si se tiene en cuenta que “en la protección integral de la mujer están implicadas todas las administraciones públicas”, tal y como se detalla.

Más formación en género para Sanidad

Hace unos días que el Ministerio de Igualdad también señalaba esta cuestión en la presentación de su Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El documento señala distintos aspectos relacionados con el Ministerio de Sanidad que aún están pendientes de cumplirse, como es la inclusión de la formación en género en los estudios sanitarios y en los planes de las especialidades del MIR.

Uno de sus grandes reclamos se centra en que los planes de formación continua de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud recojan temas centrados con la sensibilización y la formación en materia de prevención, detección y actuación en casos de violencia sexual.

Para cumplir este propósito, el Gobierno ha iniciado la elaboración de un nuevo desarrollo normativo de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) que persigue incluir contenidos esenciales y comunes a todas las especialidades, entre los que se recogerán aspectos relacionados con la formación en género para que los profesionales consigan detectar este tipo de violencia de forma precoz.