Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. |
Otros objetivos de la ley son proteger contra la morosidad a los proveedores -ya que quedará constancia electrónica de la presentación de facturas- y profundizar en la lucha contra el fraude.
Según Hacienda, la factura electrónica, que será obligatoria en transacciones entre las administraciones y sus proveedores y contratistas, podría suponer un ahorro total para el Estado y los agentes implicados entre 41 y 51 millones de euros.El BOE señala que uno de los elementos clave para mejorar la competitividad de las empresas consiste en reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, "ya que esto permitirá reducir sus necesidades de financiación y evitar los efectos negativos que ello genera sobre el empleo y su propia supervivencia".
Asimismo, asegura que la ley permitirá agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes.
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