Hacienda revienta las previsiones con una OPE de 129.700 plazas sanitarias

El Gobierno tiene previsto convertir de temporal a indefinidas 129.700 plazas en sanidad a través de una Oferta Pública de Empleo (OPE) excepcional, lo que supondría casi la mitad de todas las vacantes fijas de la Administración (cifradas en 280.000). Estos datos son, de momento provisionales, ya que falta que las comunidades pongan sobre la mesa los suyos.

Así se lo ha puesto de manifiesto el Ministerio de Hacienda a los sindicatos en su última reunión, tal y como han explicado diferentes voces sindicales a Redacción Médica. El objetivo del departamento que dirige Cristóbal Montoro no es otro que reducir la temporalidad en sanidad hasta el 8 por ciento en los próximos tres años y sacar cerca del 90 por ciento de las plazas del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En cuanto a su distribución, Canarias, Andalucía y Cataluña serían tres de las regiones más beneficiadas de esta OPE sanitaria excepcional, según explica a este medio Antonio Cabrera, representante de CCOO, ya que son donde mayor empleo temporal en sanidad hay (en el caso de las islas, por ejemplo, la precariedad laboral afecta al 45 por ciento de los sanitarios, según el sindicalista).

Sin acuerdo en materia salarial

Uno de los aspectos donde no ha habido consenso entre sindicatos y Hacienda ha sido en materia salarial. Tal y como indican estas fuentes sindicales, el Gobierno propone una subida de sueldos para los funcionarios públicos (entre ellos, los sanitarios) similar a la del año pasado, de en torno al 1 por ciento. Una propuesta que se ha encontrado el rechazo de los sindicatos que, en mayor o medida, piden un incremento salarial acorde al IPC y a “lo perdido en los años de crisis”. Es decir, como mínimo, del 3 por ciento.

En cuanto a la tasa de reposición, los sindicatos aseguran que Hacienda mantiene su compromiso de mantener el 100 por cien en sanidad, aunque no es el único sector que se beneficiaría de esta iniciativa. El ministerio ha prometido que también se aplicará a los servicios de trasporte, seguridad, emergencias, puestos de atención al público de la Administración General del Estado (AGE), educación, fuerzas y seguridad del Estado, fuerzas armadas, lucha contra el fraude, gestión de los recursos públicos, justicia o prevención y extinción de incendios. Asimismo, también se incluyen a los investigadores, profesores universitarios, supervisión del mercado de valores, seguridad aérea, administración penitenciaria, seguridad nuclear, acción exterior, asistencia en servicios sociales y gestión de prestaciones de empleo.

Para el resto de colectivos de empleados públicos, se mantendrá la tasa de reposición en el 50 por ciento con carácter general, explican estos los sindicatos, los mismos que aseguran que el Gobierno mantiene su negativa de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales de manera generalizada.