Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública.
Una
disposición adicional a los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), la trigésima quinta, detalla que las
Administraciones Públicas “
no podrán
atribuir la condición de
indefinido no fijo a personal con un
contrato temporal”. De esta forma, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública prohíbe que los trabajadores del
sector público con un contrato temporal pasen a la forma de
indefinido no fijo sin pasar por un
concurso-oposición a no ser que esta condición, la de indefinido no fijo, se derive de una
resolución judicial.
En este sentido, la misma disposición defiende los “principios de
igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público” que deben estar garantizados en todas las
Ofertas Públicas de Empleo (OPE). En caso de que se den actuaciones irregulares que incumplan estas condiciones, el departamento que dirige
Cristóbal Montoro exigirá “
responsabilidades” a los órganos responsables de las
Administraciones Públicas. Además, la disposición “tiene
vigencia indefinida”, por lo que se mantendrá fija en el tiempo.
La reversión del ‘modelo Alzira’
Es precisamente
la figura de indefinido no fijo la que pretende usar la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana para la reversión a la gestión pública del hospital de La Ribera. De esta forma, los profesionales del
grupo Ribera Salud que trabajan en el hospital de
Alzira, pasarán a ser indefinidos no fijos dependientes del departamento de
Carmen Montón.
Sin embargo, Sanidad ha señalado que la disposición de los PGE "
no cambia ni afecta a las intenciones respecto al personal laboral del departamento de salud de La Ribera”. Según la Consejería, esta disposición establece que estos órganos de personal tendrán que velar para
evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo.
Perseguir fraudes
El departamento de Montón señala que
"está dirigida a perseguir el fraude de ley, no los procesos de reversiones" como el del departamento valenciano, que pasará a ser de titularidad pública dentro de un año. "Lo que establece es que no se use esa figura en situaciones a las que se refiere la disposición, ya sea con
personal temporal o para solucionar irregularidades; por ejemplo, situaciones de personal laboral de terceras empresas que trabajan directamente para la administración y que de oficio se sustituyen por personal laboral indefinido", ilustran desde Sanidad.
Es decir,
"la prohibición afecta a situaciones que de partida son irregulares, como la cesión ilegal de trabajadores y una irregular concatenación de trabajos temporales en fraude de ley". "No son el caso ni la una ni la otra", como "tampoco se plantea que la figura de personal laboral indefinido no sea válida". De hecho, Sanidad indica que, en el caso planteado para el departamento de La Ribera,
"es la modalidad de contratación que permite cumplir mejor con la normativa europea y la básica" española recogida en el Estatuto de los Trabajadores. "Y es una figura plenamente avalada", añade.
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