Javier Martínez y Gracia Álvarez, representantes de Sanidad de CSI-F y UGT en Sanidad, respectivamente.
29 may. 2017 17:30H
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Problemas en el calendario de la Oferta Pública de Empleo (OPE) nacional en sanidad. Las comunidades autónomas “ven inviable” cumplir con los plazos acordados en el pacto entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos para acabar con la temporalidad en sanidad si antes se les exigen convocar concursos de traslados en las diferentes categorías profesionales. Una decisión que solo concierne a las autonomías, y no al Ministerio de Sanidad, ya que son las que tienen esta competencia.
Así se lo han puesto de manifiesto este lunes las Administraciones autonómicas a los sindicatos durante su última reunión del Foro de Diálogo Social, donde se abordaban los últimos avances de esta OPE nacional para acabar con la precariedad en sanidad. Dos de los tres sindicatos presentes (UGT y CSI-F) han exigido una convocatoria previa de traslados antes de dar solución a los eventuales, mientras que CCOO ha propuesto una prórroga de dos años más para poder cumplir con esta OPE nacional, según han manifestado sus líderes sindicales a Redacción Médica.
Las soluciones de UGT y CSI-F
En concreto, UGT propone incluir los concursos de traslados en esta convocatoria nacional, como solución para poder cumplir con el plazo de tres años para resolver la temporalidad en sanidad. Con la característica de que “sean estos profesionales fijos que piden el traslado los que tengan prioridad en la OPE”, explica Gracia Álvarez, secretaria general de Salud de UGT. “Hay comunidades que no tienen problemas con los concursos de traslados y otras que ven inviable dar ambas soluciones”.
Una idea que comparte su homólogo en CSI-F. Según Javier Martínez, su presidente de Sanidad, “las CCAA alegan que no tienen recursos” para convocar a tiempo estos concursos de traslados y, por eso, solicitan ampliar el plazo de esta OPE nacional. Una decisión de la que no estaría de acuerdo, porque considera que se pueden cumplir con los plazos pactados entre Montoro y los sindicatos a finales de marzo.
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