Raquel Hernández y su compañera operando juntas.
Raquel Hernández se encuentra preparando las cajas de su mudanza. Con su hijo recién nacido dormido en la habitación contigua, la residente resignada atiende a
Redacción Médica mientras prepara sus enseres personales para poner rumbo a Barcelona en los próximos días y poder finalizar los siete meses de residencia que le quedan. Es el desenlace de un largo proceso desde que decidió, junto con su compañera, denunciar el acoso laboral al que estaba siendo sometida en el
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.
Casi dos años después de solicitar que se activara el
protocolo de acoso laboral en su hospital por "continuas y reiteradas amenazas, manipulaciones y vejaciones" que sostienen haber sufrido por parte de su
jefe de servicio, dos facultativas han sido recolocadas lejos del
Hospital de Nuestra Señora de La Candelaria, en la isla de Tenerife, donde cursaban su residencia. Las dos cirujanas continuarán en la península su formación, una en Asturias y otra en Barcelona, a más de dos mil kilómetros de distancia de sus familiares.
Residente de último año en
Cirugía Pediátrica, Hernández explica a este periódico que "la gerencia del hospital no ha hecho nada" por poner remedio a su situación. Denunció junto a su compañera de residencia al jefe de servicio por
acoso laboral en 2020, una situación que ya habían denunciado previamente otros compañeros de su servicio. A pesar de que los primeros expedientes certificaban "una considerable situación de riesgo psicosocial", todo fue archivado. Cuando Hernández y su compañera denunciaron el trato que estaban recibiendo, la gerencia del hospital abrió una comisión de investigación y la resolución fue clara: advirtieron que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de acoso por razón de sexo, pero quedó en papel mojado. Las afectadas pidieron la activación de
medidas preventivas, pero no obtuvieron amparo por parte de la dirección del hospital.
Un problema laboral, no docente
"Hemos sido exiliadas", asegura la residente. "Nosotras pedimos que se solucionara el conflicto laboral, no docente" y por no poner remedio a dicha problemática, la solución es "mantener al denunciado en el hospital" y desarraigar a las residentes de su entorno familiar para poder
finalizar su residencia: "Es un suicidio en lo económico y en lo emocional", relata.
Todo como consecuencia de una nula gestión en las acciones denunciadas desde el primer instante. "En la primera tanda de denuncias (en la que mi compañera y yo no participamos) se abre una comisión pronto y se cuenta con una empresa externa de
prevención de riesgos laborales que envia una encuesta a los trabajadores del servicio y hay una baja participación: solo siete de 18 encuestados. Hace poco me confirman que a los denunciantes no se les envió ese cuestionario, solo al jefe y otro personal de la planta... Aún así concluyen que hay 'riesgo alto para el
bienestar psicosocial'",explica. Con esas conclusiones, la empresa externa "recomienda a la gerencia emprender ciertas acciones que jamás se llevaron acabo".
"Abres el protocolo de acoso, todos te ignoran, te desplazan de tu puesto de trabajo y aquí no ha pasado nada"
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Como consecuencia de su inacción, "el riesgo aumenta porque este señor incrementa sus acciones en intensidad y gravedad... Al final acabamos exiliadas las víctimas", afirma la residente con resignación. "Abres el
protocolo de acoso, todos te ignoran, te desplazan de tu puesto de trabajo y aquí no ha pasado nada".
De Canarias a Barcelona para acabar la residencia
El desenlace ha sido la suspensión de la acreditación docente del servicio de
Cirugía Pediátrica y la búsqueda de un nuevo destino para que las residentes pudieran proseguir con su formación, un nuevo hospital de formación que se les prometió en el núcleo de las
Islas Canarias y que finalmente no pudo ser así. "El
Ministerio de Sanidad nos aseguró que si nos trasladaban sería a
Las Palmas de Gran Canaria, porque hay una unidad docente recién acreditada y hay plazas para nosotras. A última hora, no nos envían como opción este hospital y nos dan solo opciones en la península". Los motivos, según Sanidad, son que se trata de un "centro recién acreditado que no cuenta con experiencia en formación docente".
Ahora, Raquel Hernández debe abandonar su lugar de residencia, dejar a su familia en las
Islas Canarias, y abrirse camino sola con su bebé en
Barcelona. "No sé cómo lo voy a hacer. ¿Con quién dejo a mi hijo en las guardias?", pregunta con agobio. Su plan es "pedir en Barcelona una adaptación de puesto para hacer turnos de 12 horas y evitar las guardias de 24 horas", pero cree que la respuesta va a ser negativa. "Sé que no me la van a dar", se lamenta.
El plan es ir día a día. "Iremos haciendo las cosas como vayan saliendo. Una
guardería y una persona en casa para las guardias", se plantea con resignación sabiend el esfuerzo económico que supone, a la espera de que estos siete meses de residencia pasen lo antes posible y poder regresar con su familia.
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