Empleo culpa a las administraciones públicas de las irregularidades en la gestión de las IT

Redacción. Madrid
La “falta de coordinación eficaz” y otras “deficiencias internas” son las causas de las irregularidades en la gestión de la incapacidad temporal detectadas por el Tribunal de Cuentas, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien culpa directamente a las administraciones públicas y exime de toda responsabilidad en este asunto tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras.

El Ministerio exime de culpa a los trabajadores y a las mutuas

Así lo señala el Ejecutivo en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por escrito por las medidas de control que se adoptarán para atajar “la gestión mala e ineficaz de los procesos de bajas e incapacidades por parte de las mutuas”, después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que se cifra en 1.185 millones de euros el gasto indebido que la Seguridad Social sufrió entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012.

Fátima Báñez.

“La Seguridad Social no hace responsables a los trabajadores de las deficiencias de control que podrían existir sobre los procesos de incapacidad”, porque esa función no recae sobre ellos y porque el propio Tribunal se refiere “fundamentalmente al control informático de la información” como punto generador del problema.

No obstante, Empleo asegura que las “deficiencias señaladas en el informe no cuestionan ni insinúan que la entidad gestora del proceso se haya abstenido de desarrollar sus funciones”, al igual que no culpa a los trabajadores de las irregularidades, a los que solo señala como los que “soportan las consecuencias” de estas deficiencias.

A renglón seguido, el Ejecutivo asegura que “pretenden corregir” estos problemas, mediante el proyecto de ley de mutuas y el decreto de incapacidad temporal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de julio, donde se introducen medidas que “elevarán los niveles de coordinación entre los agentes implicados y de transparencia y eficacia a favor de los ciudadanos.

Los criterios se han endurecido

Por su parte, Llamazares advierte que entre las irregularidades detectadas se incluye la calificación de procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales como procesos por contingencias comunes, lo que “supone un perjuicio para las prestaciones que debería recibir el trabajador”. Y denuncia “altas prematuras” aprobadas por las mutuas, con “consecuencias nefastas”.

“¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el derecho a la salud de los trabajadores? ¿Qué va a hacer para que prevalezca la atención sanitaria frente a las prisas de la empresa? ¿Qué piensa hacer para flexibilizar los durísimos criterios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las prórrogas de bajas e incapacidades?”, se pregunta el diputado de Izquierda Abierta.

En este sentido, el Gobierno recuerda que las mutuas se encargan de controlar y seguir los procesos derivados de contingencias comunes y de emitir los partes médicos “con sus consiguientes controles implícitos”, en los casos derivados de contingencias profesionales.

En cualquier caso, niega que el INSS haya endurecido para el caso de los empleados de AZSA sus criterios de valoración de la capacidad laboral, que son “los que generalmente se aplican a todos los trabajadores”. “Es decir, se aplican los criterios clínico-laborales de la misma manera que a todos los trabajadores, con independencia del sector en que estén encuadrados”, zanja su respuesta.

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