El SNS cierra la puerta al 'Muface autonómico' pero diseña planes de choque

El próximo lunes 27 de enero se cierra el plazo para la nueva licitación de Muface. El Ministerio de Función Pública y Transformación Digital ha mejorado las condiciones del concierto sanitario, pero, aun así, ya son dos las aseguradoras que han descartado continuar formando parte del acuerdo, aunque Asisa sigue estudiando si se presenta en solitario.

Las comunidades autónomas, a medida que pasa el tiempo, ven más cerca el posible fin de la mutualidad. Por ello, muchas de ellas ya se preparan para tener que acoger a los 1,53 millones de mutualistas adscritos al modelo actual.

Aunque la mayoría de las regiones descartan establecer ‘Mufaces autonómicos’, algunas como La Rioja, Castilla y León y Galicia se encuentran realizando diferentes estudios sobre la población afectada en cada territorio. La primera de ellas, por ejemplo, tal y como han confirmado a Redacción Médica fuentes de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ya ha reclamado a la mutualidad información detallada sobre la cobertura sanitaria en la comunidad, es decir, el número de mutualistas y sus características por sexo, edad, patologías o número y tipo de consultas, entre otros datos.

Aun así, “hay que esperar a que se cumpla el plazo establecido”. De hecho, han asegurado que confían en que “el Gobierno central va a superar las diferencias internas que existen entre socios y partidos distintos y solvente un problema que solo él ha generado y que podría tener consecuencias negativas para un Sistema Nacional de Salud ya muy tensionado”.

Estudio de mutualistas por zonas básicas de salud

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, liderada por Alejandro Vázquez, “está trabajando en este asunto para tenerlo todo previsto por si llegara el caso” del fin de Muface tal y como se conoce hasta ahora. Según explicó la semana pasada el titular de Sanidad, en primer lugar, están observando en qué áreas o zonas básicas de salud va a tener incidencia el posible fin de Muface, ya que, por ejemplo, “la incidencia no se puede dividir igual en todos los centros de salud de León, porque habrá unos que tengan mayor dificultad de afrontarlo y otros en los que apenas haya beneficiarios del concierto sanitario”.

Por ello, están considerando la posibilidad de reforzar, con los medios que tengan, la asistencia sanitaria en los más afectados. De todas formas, ha apuntado que, en la provincia de León, concretamente, existe un nivel de camas hospitalarias y de atención hospitalaria que, “tanto con la actividad extraordinaria como con la actividad ordinaria puede permitir hacer frente a estos beneficiarios”.

Pero siguen pendientes de que el Ministerio de Función Pública “resuelva de una vez algo que verdaderamente no se debe hacer de esta manera”. Una situación que, según ha matizado, afecta a 18.000 leoneses y a millón y medio de personas.

Galicia es otra comunidad que ya se ha anticipado y ha realizado un estudio “de lo que supondrá el trasvase de los funcionarios de Muface al Servizo Galego de Saúde, con un impacto importante en cuanto a esperas quirúrgicas y consultas”. Aunque la Xunta “seguirá pidiendo transparencia al Ejecutivo sobre los planes que maneja para garantizar la asistencia sanitaria a los mutualistas, ya que es su responsabilidad”, aparte de solicitarle “un esfuerzo de negociación con las aseguradoras para evitar poner en riesgo la asistencia a miles de ciudadanos”.

Integración en los sistemas sanitarios públicos autonómicos

Justo al lado, Asturias plantea “incluir la atención de los que se benefician de Muface dentro del sistema sanitario público”. Incluso han indicado a este medio que la Consejería de Salud “ya presta servicio a una parte de los mutualistas de Muface que están incluidos en el sistema de acuerdo con el convenio que el Principado mantiene con esta mutualidad para ofrecer atención sanitaria de Atención Primaria y Urgencias a los asegurados que viven en concejos alejados del área central”. Por ello, solo reclamarían una cosa al Gobierno central: la misma inversión que se realiza ahora por persona en Asturias.

Más críticos son desde la Región de Murcia, que exigen que el Ejecutivo “ponga las mejores soluciones encima de la mesa para el personal funcionario”. La Consejería de Salud de la comunidad ha asegurado que “el Gobierno de la Nación es el que tiene que financiar adecuadamente a las regiones, además de volver a licitar con las mutuas un acuerdo para su prestación sanitaria”.

De hecho, han hecho hincapié en que Murcia “no asumirá el coste de 34.000 nuevos pacientes en la sanidad pública regional”. De esta manera, piden “que se garantice que los funcionarios sigan teniendo acceso a una asistencia de calidad”.

Una respuesta a los mutualistas

Declaraciones similares a las de la Comunidad de Madrid que, aunque ya han asegurado que garantizarán una "asistencia de calidad a los mutualistas", señalan que es el Gobierno de España el que tiene que proporcionar una solución. Achacan a una "lucha interna el problema" y aseguran que tendrá que ser "el Ministerio de Sanidad, quien dé respuesta a los afectados".

Por su parte, para la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, "el Ejecutivo no puede desentenderse de esas más de 320.000 personas y sus familias" que reciben asistencia sanitaria mediante el concierto en la región. "Nosotros como sistema les atenderemos llegado el caso, pero no nos podemos olvidar de que somos una comunidad infrafinanciada y, de producirse el fin de la mutualidad, se tensionaría mucho más nuestro sistema", ha puntualizado.

Una opinión que comparte Antoni Costa, portavoz del Govern de las Islas Baleares. “Estamos preocupados por la cobertura asistencial de 30.000 funcionarios”, ha afirmado. “Nos preocupa a Baleares y a todas las comunidades autónomas, que nadie tenga la menor duda”, ha sentenciado. De hecho, en caso de que la mutualidad dejara de existir, esperan que se trate de una “ruptura ordenada para tener el suficiente tiempo para tomar decisiones”.

Infraestructuras sanitarias sólidas

Todo lo contrario ocurre en Castilla-La Mancha, donde consideran que tienen una infraestructura pública sólida que les va a "permitir adaptarse a los cambios que ocurren con Muface y las aseguradoras”. Concretamente, han explicado a este medio que la presencia de la población en hospitales privados y, por tanto, la ocupación de “camas privadas” tiene una incidencia baja en el territorio autonómico.

“Castilla-La Mancha es la comunidad con menor número de camas en hospitales privados, que significan un 7 por ciento del número total de camas hospitalarias de las que disponen los ciudadanos”. Un ejemplo de “fortaleza” de la sanidad pública manchega según la Consejería de Sanidad. “Ya atendemos al 48 por ciento de las personas de Muface en nuestra Atención Primaria porque residen en lugares donde no existe la oportunidad de ser atendidos por la sanidad privada”, han anotado.