El PSOE considera una “amenaza inadmisible” que el Gobierno hable de multas de Europa por atender a los ‘sin papeles’

Redacción. Madrid
El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, considera una "amenaza inadmisible" que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, haya advertido este miércoles de la posibilidad de multas millonarias a las comunidades autónomas que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

José Martínez Olmos, portavoz sanitario del PSOE en el Congreso de los Diputados.

"Las comunidades autónomas lo hacen en el marco de sus competencias y el que debe rectificar su posición equivocada es el Gobierno --ha precisado Olmos en declaraciones a Europa Press--. Si hay amenazas de multas deberían ser al Gobierno", ha insistido.

A su juicio, en el Ejecutivo "están nerviosos porque la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista", tras el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que iba a dar asistencia a los inmigrantes.

Ante esta situación, según ha avanzado Martínez Olmos, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del ministro de Sanidad para que ofrezca explicaciones.

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo, Ana Mato.

Paralización de los fondos comunitarios

En su comparecencia ante la comisión de Sanidad en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, el secretario general de Sanidad ha advertido a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
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Además, ha asegurado que el Gobierno está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invade competencias estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".

Al mismo tiempo, Moreno ha recordado que el Ministerio ya había negociado con los anteriores gobiernos autonómicos un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica), con una serie de condiciones, a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.