Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
El
Gobierno ha enviado el
Plan Presupuestario de 2018 a Bruselas en el que confirma que la parte del
Producto Interior Bruto destinada a Sanidad será del
5,8 por ciento para el año próximo. Esta cifra coincide con la recogida en el
Programa de Estabilidad enviado a la
Unión Europea en mayo y supone un descenso de 0,2 puntos respecto a la cifra actual. Una circunstancia que hace que 2018 vaya a ser el año en el que el peso de la sanidad en el PIB alcanzará su
mínimo histórico.
El Plan Presupuestario enviado este lunes también confirma la evolución que se ha dado este año y apunta a que el peso de la sanidad en el PIB ha sido del 6 por ciento, una cifra ligeramente
superior al 5,95 por ciento que apuntaba en el Programa de Estabilidad en mayo para las previsiones de 2017.
Por lo tanto, si finalmente se concreta la previsión del 5,8 por ciento para 2018, sería
la primera vez que cae del 6 por ciento, una frontera que tanto sindicatos como oposición consideran que no debería traspasarse para garantizar la calidad del sistema sanitario.
De hecho, en su programa electoral el
PSOE marcaba un objetivo del 7 por ciento del PIB para garantizar una sanidad de calidad. Una cifra similar al
6,9 por ciento que la
Federación de Sindicatos de Médicos Asalariados ha acordado como
el mínimo común a exigir a todos los países de la Unión Europa.
En estas previsiones, Hacienda refleja que
el gasto de sanidad se rebajará del 14,6 por ciento de 2017 al 14,4 por ciento para 2018 respecto al gasto total. Además, apunta al impacto de la compra centralizada de medicamentos que supone
100 millones de euros tanto para 2017 como para 2018. Señala que otras medidas aplicadas a la farmacia y a los productos sanitarios suponen
110 millones de euros adicionales para 2017 y será de 400 millones en 2018.
Rebaja de previsiones
El programa presupuestario emitido este lunes a Bruselas
rebaja la previsión de crecimiento del 2,6 por ciento al 2,3 por ciento por el "impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña y de la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado".
En su introducción, el Gobierno reconoce que puede tener complicado aprobar unas nuevas cuentas para 2018 como consecuencia de la situación política. En caso de que los nuevo
s Presupuestos Generales del Estado no estén aprobados antes del 1 de enero de 2018,
se prorrogarán los de 2017. Según apunta el Ejecutivo, "la prórroga no solo afecta al Presupuesto del Estado, sino también a todo su entramado institucional, incluyendo todas sus empresas, fondos y fundaciones públicas estatales".
Gasto de las Administraciones Públicas previsto por Hacienda.
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