Isabel Rodríguez
La
adaptación tecnológica es uno de los objetivos clave a los que tratarán de dar solución los fondos europeos. Prueba de ello son los 360 millones de euros que el Gobierno pondrá en manos de las comunidades autónomas para la
digitalización de los servicios públicos.
Así, parte del presupuesto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, irá destinado a impulsar la conectividad de centros de interés como son los
hospitales del Sistema Nacional de Salud, según ha explicado la portavoz del Gobierno y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Los otros dos ejes del Real Decreto permitirán facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables, así como la adaptación de las infraestraestructuras de telecomunicaciones en edificios anteriores a 2020.
La dotación de las comunidades autónomas se completará con otros 134 millones para financiar proyectos de investigación de las autonomías en colaboración con el Ejecutivo. La partida se concretará a través de acuerdos de colaboracón en "áreas estratégicas" como la
Biotecnología médica aplicada a la Salud.
Al margen de los fondos europeos, el Gobienro distribuirá una partida adicional de 39,8 millones de euros entre las CCAA para la implementación de actuaciones enmarcadas en el programa
de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica.
Impulso de la prescripción enfermera
Así, entre los proyectos incluidos en el programa, se encuentran aquellos que supongan el desarrollo, adaptación y mejora de medidas dirigidas a la gestión óptima e innovadora de la prestación farmacéutica, incluyendo proyectos de e-salud y aquellos dirigidos a modernizar las estructuras, equipamientos y tecnología de los centros sanitarios y sociosanitarios. También se prestará atención a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras.
A ello se suman 1,3 millones para reforzar el Plan Nacional de Médula Ósea y otros 26,9 millones de euros que financiarán el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria de formación para facultativos de Medicina, Odontología, Farmacia, Enfermería y de Educación Sanitaria de la población con el objetivo de favorecer el uso racional de medicamentos. La iniciativa incluye intervenciones farmacoterapéuticas para mejorar la calidad en la atención de pacientes con fragilidad, comorbilidad, enfermedades crónicas o necesidades de atención complejas y de pacientes polimedicados.
Asimismo, se contemplan actuaciones enmarcadas en el recién aprobado plan de optimización de la utilización de los analgésicos opioides en dolor crónico. La formación continuada estará igualmente muy presente, especialmente en la la prevención y el manejo resistencias a los antibióticos y la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias.
Formación de desempleados especialistas en el cuidado de personas
Entre los acuerdos alcanzados también figura el
"reciclaje" de la población desempleada a través de programas de formación que mejoren su cualificación. Dichas iniciativas, gestionadas por las comunidades autónomas, contarán con un presupuesto de 87,6 millones de euros y se espera que beneficien a cerca de 160.000 trabajadores en paro.
La inversión tendrá en cuenta "especialmente" la formación de 44.662 empleados dedicados al
cuidado de personas o que se encuentran en zonas en riesgo de despoblación, con un presupuesto de 25 millones de euros. También se hará hincapié en aquellas actividades vinculadas a sectores emergentes dentro de la Formación Profesional, a las que se dotará con 63,2 millones de euros.
Durante la rueda de prensa, la ministra también se ha referido al
mecanismo de equidad intergeneracional, acordado hace menos de 24 horas por el ministro José Luis Escrivá y los sindicatos UGT y CCOO, como la prueba del "compromiso del Gobierno para subir las pensiones".
Se trata, explicaba Rodríguez, de un
"pacto intergeneracional de rentas" que volverá a llenar "la hucha de las pensiones" y "garantizar la seguridad e los pensionistas de mañana". La ministra asegura que es preferible garantizar el equilibrio del sistema "ahora", mediante la aportación adicional del contribuyente de 2 euros, a una pérdida futura del 20 por ciento del poder adquisitivo de los pensionistas que rondaría los 300 euros.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que ha habido "diálogo social", a pesar de que CEOE y Cepyme decidieran retirarse del acuerdo como parte de su derecho a "ejercer sus legítimos intereses" y por razones "que solo les competen a ellos".
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