Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
El
Banco de España advierte sobre la “vulnerabilidad” de las arcas públicas fruto del “profundo cambio demográfico” de la población española, cada vez más envejecida, “especialmente en un contexto de reactivación de las reglas fiscales a escala europea”. Según detalla, el aumento de la
esperanza de vida supondrá, “en las próximas décadas, un apreciable aumento del gasto en pensiones, pero también del
gasto en sanidad y cuidados de larga duración”, una circunstancia que “exige acometer sin demora un proceso de consolidación fiscal ambicioso con una perspectiva temporal de medio plazo”.
En su
Informe Anual de 2023, publicado este martes, el Banco de España subraya que son “diversos factores” los que “ejercerán notables presiones sobre los niveles de gasto de las administraciones públicas”, entre los que otorga un papel de especial relevancia al
envejecimiento poblacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (
INE), la
esperanza de vida media en España se elevaba a algo más de 83 años en 2022, el último ejercicio del que se ofrecen datos. Es casi un año más que la media de longevidad de diez años antes, en 2012, y algo más de tres años respecto a 2002.
Esa circunstancia, según vienen advirtiendo diversas voces autorizadas del ámbito sanitario, implica un cambio de paradigma en la asistencia que se presta desde el Sistema Nacional de Salud (
SNS), con
usuarios pluripatológicos o con enfermedades crónicas. Para afrontar esa situación de cara al futuro, desde el Banco de España se considera vital “evaluar de manera continua y rigurosa la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, toda vez que el análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en el mismo desde 2021 apunta a unas mayores obligaciones de gasto a largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos.
Nuevo modelo de cotizaciones de la Seguridad Social
Cabe recordar que el
nuevo modelo cotizaciones impulsado por el anterior ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá -hoy titular de Transformación Digital y Función Pública-, en el marco de la
reforma de las pensiones de hace dos años, conllevará que, a partir de 2025, empiece a aplicarse la llamada cuota de solidaridad a la parte del salario que, actualmente, no cotiza a la Seguridad Social porque supera la base máxima fijada para ello.
El objetivo del gravamen, que no supondrá mejoras en las pensiones, es garantizar la
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social frente a las circunstancias de las que advierte el Banco de España. En el caso de los médicos, el año que viene harán, de media, una contribución extra de unos 200 euros brutos.
En cualquier caso, en el
Informe Anual del Banco de España se recomienda que el ajuste fiscal requerido “no suponga un lastre para el dinamismo futuro del gasto en algunas partidas como la inversión pública, el gasto en educación y el
gasto en sanidad”, por el papel “fundamental” que desempeñan “no sólo no solo a la hora de elevar el crecimiento potencial de la economía, sino también de favorecer la igualdad de oportunidades en la sociedad”.
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