Deuda o impuestos: la 'cara B' de la inversión en infraestructura sanitaria

El período electoral ha generado numerosas reflexiones a raíz de los posicionamientos de los principales candidatos a liderar el nuevo Gobierno de España. Entre propuestas y compromisos, algunos han abordado la inversión en sanidad y especialmente en infraestructuras sanitarias, sobre todo tras tener que gestionar en el anterior mandato la pandemia de Covid-19. Uno de los desafíos que presenta la economía española es la gestión de la deuda y el déficit a la vez que mantener equipamientos adecuados al momento en que vivimos y adaptados a las necesidades de la población. No obstante, todo apunta a que los recursos disponibles no son suficientes para acometer nuevos proyectos, por los que serán las sucesivas generaciones, que también disfrutarán de estos servicios, las que financien las inversiones del hoy en infraestructuras sanitarias mediante deuda o subida de impuestos.

En este nuevo contexto, Alfonso Novales, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), escribe en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza los retos en cuanto a la gestión de la deuda y el déficit. Novales introduce que, como parte de su política fiscal, "un país puede utilizar su capacidad de endeudamiento para acometer proyectos que un gobierno considera necesarios, ya sea por su valor social o por su capacidad de generar progreso económico y riqueza".

Sin embargo, dichas actuaciones requieren "de un compromiso de gasto inmediato" y puede ocurrir que ese país no disponga de financiación corriente, ni pueda recurrir a la imposición de "elevar la presión fiscal a niveles que pudieran ser socialmente indefendibles". El autor asegura que "el sentido o no de incrementar el endeudamiento dependerá, esencialmente, de cuál sea la naturaleza de las actuaciones cuya financiación se demora mediante el recurso a una mayor deuda".

Inversiones "coherentes desde el punto de vista social"

Novales explica que frecuentemente "se apunta a argumentos de equidad intergeneracional para defender una práctica de austeridad presupuestaria, que no incurra en más gastos de los que puede defender con la financiación corriente que obtiene mediante impuestos". En ese sentido, el autor considera "coherente desde el punto de vista social" financiar inversiones que contribuirán a una mejora en la productividad futura, al desarrollo de nuevas tecnologías, o a financiar una sustancial mejora en infraestructuras sanitarias, educativas o de comunicaciones, ya que "estas beneficiarán también a las generaciones sucesivas".

No obstante, el experto apunta que "no puede olvidarse que el endeudamiento conlleva un gasto anual en intereses en años sucesivos", por lo que se podrían requerir una subida de impuestos o de un mayor endeudamiento futuro, ya que "este servicio de la deuda dificultará que el gasto total en los ejercicios siguientes sea cubierto por los ingresos tributarios". En resumen, Novales concluye que "es conveniente realizar una gestión activa, pero rigurosa del posible desfase entre ingresos corrientes y gastos de cada ejercicio, y también de su financiación, ya sea mediante impuestos vía endeudamiento".