De la hepatitis C al aborto: la sanidad como ‘arma’ política

Jesús Vicioso Hoyo / Cristina Mouriño. Madrid
El acceso a las nuevas terapias contra la hepatitis C es uno de los asuntos sanitarios más candentes debido a los choques está provocando entre partidos de la oposición, e incluso administraciones autonómicas, con el Gobierno. Pero no es el único y está claro que no será el último. La lista es larga y de las recientes legislaturas sobresalen polémicas como las posturas normativas sobre el copago, el aborto, el registro de profesionales, la ley de muerte digna o el denominado ‘cataloguiño’ gallego.

No queda aún lejos la intensa y larga controversia sobre la regulación del aborto. Y este es un ejemplo de cómo un mismo asunto sigue presente en la agenda de los grandes partidos, independientemente de si están en el poder o en la oposición. A pesar de que, finalmente, Rajoy dio marcha atrás a la reforma de la ley existente, se trata de algo que tanto el PP como el PSOE utilizan como línea de acción política de manera continua.

De hecho, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se encontró con la férrea oposición de los populares cuando cambió la ley. Y cuando éstos llegaron al Gobierno y trabajaron en su reforma, los que se volcaron en críticas fueron los socialistas. Incluso para dar la ‘bienvenida’ a Alfonso Alonso como ministro de Sanidad, en este caso de manos de la diputada socialista Carmen Montón, que llamó al sucesor de Mato “verdugo para rematar las políticas en contra de las mujeres”, entre las que citó la del aborto. La presión ha hecho recular al Ejecutivo de Rajoy, y hasta dejó caer a un ministro de peso, Alberto Ruiz-Gallardón.

Más ‘choques’ destacados

En pasadas legislaturas también se han producido enfrentamientos entre las autonomías y el Gobierno central por medidas aprobadas por el Ejecutivo o por los gobiernos autonómicos. Durante la etapa de Leire Pajín, algunas comunidades autónomas se opusieron a la pretensión de la entonces ministra de Sanidad de sacar adelante el registro de profesionales sin un marco normativo que lo sostuviera. Entonces varias autonomías advirtieron a Sanidad sobre la necesidad de un decreto que aguantara los envites de posibles recursos que en otras ocasiones habían tumbado intentos de registros similares.

Otro de los proyectos del ministerio por entonces fue la ley de muerte digna. Este asunto también destapó la polémica entre las comunidades y el Ejecutivo central. Estaba previsto que Leire Pajín presentará el proyecto a las autonomías en un Consejo Interterritorial que habría de celebrarse el 2 de junio de 2011 pero la respuesta por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP fue negativa ya que como alegaron entonces muchas de ellas no habían recibido el anteproyecto de la ley. El entonces consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, mostró su “rotundo” rechazo a que se celebrara el Consejo, ya que el tema de la Ley de Muerte Digna “no es una norma cualquiera y menos es un asunto de trámite”, sino que “es un tema bastante serio”. Otras comunidades, como la Comunidad Valenciana apuntaron además a que no se había recibido el anteproyecto de la ley.

También se han producido ‘encontronazos’ en la dirección inversa, es decir, del Gobierno central hacia normas autonómicas. Así sucedió con el llamado ‘cataloguiño’ gallego, implantado por la Xunta en diciembre de 2010. En marzo de 2011, el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la iniciativa gallega, una medida que desde la Consejería de Sanidad de Galicia, su entonces titular, Pilar Farjas, veía como “una decisión política”. “El Gobierno de España no puede intervenir la conciencia de los gallegos, ni la voluntad y responsabilidad de Galicia”, señalaba entonces la consejera, que incidía en que “la verdadera intención” del ministerio y del Ejecutivo “no era el diálogo, sino ir en contra de Galicia”. Unos meses más tarde, en junio de 2011, el Tribunal Constitucional ponía fin al enfrentamiento levantando la suspensión del catálogo de medicamentos de Galicia alegando para ello el ahorro que había generado en el contexto de crisis.

La gestión de la pandemia de la gripe A, una excepción

Otras polémicas recientes entre partidos de la oposición con la acción legislativa impulsada por un poder ejecutivo, bien autonómico o central, son las de los copagos (en todas sus vertientes), la sanidad para los inmigrantes en situación irregular, la suspensión de la tarjeta sanitaria para los españoles que residen en el extranjero  o los centros de referencia, como el reciente caso del Carlos III, de Madrid, con los casos de ébola.

Sin embargo, hay una destacada excepción en los recientes tiempos: la de la gestión de la pandemia de la gripe A de 2009. En un repaso realizado en un libro de reciente publicación por el que fuera ‘número dos’ de Sanidad con el PSOE en el Gobierno, José Martínez Olmos, responsables políticos de todos los signos destacan que el consenso alcanzado a nivel nacional en este asunto sirvió para evitar disputas políticas de primer orden.

“Son varias las lecciones que aprendimos con la gripe A, pero la más destacable es que la colaboración y el acuerdo en sanidad son posibles (…) hasta el punto de convertirses en imprescindibles”, dice el portavoz del PP en la Comisión de la Sanidad, Mario Mingo, mientras que su homóloga de CiU, Concepció Tarruella, indica al respecto: “Si se tomó alguna decisión equivocada o no en aquel momento, desde luego no fue tomada en solitario ni sin el conocimiento de los portavoces de sanidad de los principales partidos”.

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