Circuitos de derivación y activos en salud contra adicción digital infantil

El anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, ya está sometido a audiencia e información pública hasta el próximo 28 de junio. La propuesta del Ministerio de la Presidencia otorga al ámbito sanitario un papel fundamental en su estrategia preventiva, entre otras cosas, brindándole la responsabilidad de organizar “circuitos de derivación” para abordar de forma “integral” los problemas de salud derivados de esta problemática.

En el documento se destaca que “el tiempo excesivo” que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas “contribuye a un estilo de vida sedentario y, por tanto, a sufrir trastornos musculoesqueléticos, obesidad infantil y a los problemas derivados de la misma, como las enfermedades cardiovasculares y endocrinas”. A ello hay que sumar problemas de vista. “Se hace necesario, por tanto, establecer medidas sanitarias para la prevención de los problemas de salud derivados del uso inadecuado de las tecnologías y entornos digitales y promocionar hábitos de uso saludables”, reza el anteproyecto de ley.

Es el capítulo III del título II el que aborda el paquete de iniciativas de carácter sanitario propuesto. “Las administraciones sanitarias impulsarán la elaboración conjunta con otras administraciones públicas de programas y circuitos de derivación para el abordaje integral de los problemas de salud detectados, así como mapas de recursos comunitarios y de activos en salud que contribuyan a un desarrollo saludable de las personas menores”, se explica.

Estrategia preventiva con "dimensión sanitaria"

En el artículo 8 del anteproyecto se otorga relevancia al principio de “salud en todas las políticas” como eje vertebrador de la estrategia preventiva ante la adicción digital. En base a ello, se propone que “se incorpore la dimensión sanitaria en los estudios que se promuevan por las Administraciones públicas sobre el uso de estas tecnologías y entornos digitales” entre menores, “con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre los efectos en la salud y general evidencia científica”.

También se incluyen iniciativas “individuales y comunitarias” en los programas de prevención y promoción de la salud infantil y adolescente que se desarrollan desde la Atención Primaria de cara a fomentar la detección precoz de los problemas específicos relacionados con las tecnologías y entornos digitales, así como el establecimiento de programas coordinados con otras administraciones públicas, para el abordaje integral, tratamiento y rehabilitación, con una perspectiva biopsicosocial.

Por su parte, el artículo 9 promueve la “atención sanitaria especializada” a menores con “conductas adictivas sin sustancia”, a través de “procedimientos de atención sanitaria específicos” en la red especializada de atención a la salud mental, “tanto en las Unidades de Atención a la Conducta Adictiva, como en los centros de salud mental infantojuveniles”.

En el documento se especifica que esas medidas se habrán de llevar a cabo en un marco de “coordinación de todas las administraciones públicas y agentes implicados, especialmente de los servicios de Atención Primaria, atención especializada a la salud mental y a las conductas adictivas, servicios sociales y educativos”.

Además, a las familias y profesores de los menores se les ofrecerán pautas de uso adecuado de dispositivos digitales y de la incidencia de estos en el desarrollo de niños y niñas, “prestando especial atención a la sensibilización sobre el ciberacoso y ciberagresiones, así como a las medidas de control parental”.

Papel 'vigilante' del Ministerio de Sanidad

Por último, la norma otorga también peso al Ministerio de Sanidad en la Comisión de seguimiento de la estrategia que se encargará de revisar esta cada tres años, “teniendo en cuenta la rápida evolución del entorno digital y los avances de la investigación”. Junto al departamento de Mónica García estarán los ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Juventud e Infancia, Educación, Formación Profesional y Deportes, para la Transformación Digital y de la Función Pública, del Interior y Ciencia, Innovación y Universidades.