CCOO: La crisis 'recorta' 3.000 millones el gasto para personal sanitario

La crisis económica ha tenido un efecto devastador sobre el sistema sanitario de España, tanto en su inversión pública en personal como en recursos materiales. Tanto es así que entre 2010 a 2014, el Gobierno gastó 3.000 millones de euros en gastos de personal (de 30.940 a 27.891 millones de euros) tal y como recoge Comisiones Obreras en su último ‘Cuadernos de información sindical’ de 2017, convirtiéndose así en la caída presupuestaria más importante de todo el apartado dedicado a sanidad.

Si se analizan por servicios asistenciales, la pérdida presupuestaria se hace más aguda en Atención Primaria, con cerca de 1.500 millones de euros menos en los años analizados; frente a los 1.000 millones que pierde Hospitalaria. Si, en cambio, se analizan por sectores, CCOO evidencia que el recae principalmente en las comunidades autónomas (las que tienen la competencia en esta materia) y lo hace en 6.600 millones de euros.

Esta situación contrasta con la que vive la sanidad privada en el mismo periodo de tiempo. Tal y como refleja el sindicato en su informe, la evolución de este sector ha ido en aumento, tanto en volumen de pólizas, como de asegurados, que hasta 2014 representaba el 30 por ciento del gasto sanitario total de España, ya que contaba con 10.000.000 asegurados que generan algo más de 7.400 millones de euros en pólizas.

“Se observa, por tanto, un descenso en el gasto en salud, especialmente en el público, con una consolidación manifiesta del gasto privada”, resume el sindicato en su informe, donde evidencia también “una suave privatización del sistema, o no tan sutil, desde el 2010”, que cuenta con mayor actividad, conciertos y gastos hasta la fecha.

Menos hospitales y menos camas

El informe también analiza el número de hospitales y camas que tienen los centros sanitarios en España, especialmente durante los años más duros de la crisis. Entre 2010 a 2014 el número global de hospitales ha disminuido a costa de los de larga estancia, salud mental y toxicomanías, asegura el sindicato.

En cuanto a las camas, el número ha variado de 157.978 en 2010 a 154.333 cuatro años después, lo que supone un descenso de 3.645, o lo que es lo mismo, un 2,31 por ciento. En cambio, en el sector privado, los hospitales agudos, han aumentado un 2,77 por ciento las camas instaladas y con el mismo número, prácticamente, las camas en funcionamiento.

“Todos estos datos también nos hacen pensar en un cambio de la estrategia en la utilización de los hospitales públicos de agudos o de media y larga estancia. ¿Potenciar los hospitales de larga estancia a costa de los hospitales de agudos?”, se pregunta CCOO. “Cambiar, aunque sea parcialmente, el tipo de actividad de los hospitales, pero a costa de perder capacidad total de atención asistencial de agudos, puede representar un riesgo importante de mal funcionamiento de la red hospitalaria y de calidad sanitaria, sobre todo, si conlleva una deriva con concertación al sistema privado”, denuncia en su informe.

Liderazgo del Gobierno en materia de dependencia

El sindicato también evalúa la situación del sistema de dependencia durante la recesión económica, donde, además de constatar la caída de inversión, beneficiarios y prestaciones que se produce durante 2010-2014, manda ‘deberes’ al Gobierno.

En concreto, CCOO insiste que la Ley de Dependencia tiene que tener una “financiación adecuada” que garantice la prestación efectiva de los aproximadamente 400.000 beneficiarios que había hasta la fecha, pero también que el “gobierno asuma un papel de liderazgo político e institucional” en esta materia. Esto significa, que el Ejecutivo debe incluir el abordaje de otros retos, que deben ser resueltos adecuadamente para garantizar la plena implantación del sistema.

Entre estos retos destaca la necesidad de que 2017 sea el año en el que se aborde un proceso amplio y participado de evaluación de la implantación de la ley, que ayude a la renovación del nivel de compromiso y consenso político y social que dio origen a la misma. De modo que ayude a que, con el mismo grado de acuerdo político y social que dio origen a la normativa y, permita impulsar un Pacto de Estado desde el que se revisen aquellas cuestiones que se considere necesario reforzar para garantizar la total implantación de este nuevo derecho social, manifiesta el sindicato.