Andalucía, en rebeldía ante la propuesta ministerial de la reproducción asistida

María Jesús Montero saluda a José Ignacio Echániz, consejero de Castilla-La Mancha, en el Interterritorial de este martes.

Redacción / Imagen: Adrián Conde. Madrid
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha sido una de las primeras en abandonar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este martes en Madrid. En unas primeras declaraciones ha mostrado su rechazo a la propuesta ministerial de que medie un diagnóstico de enfermedad para somerterse a las técnicas de reproducción y esterilización, lo que a su juicio "creará una realidad en la que las personas que tengan dinero se lo podrán permitir acudiendo al sector privado, y las que no lo tengan no podrán optar a este tratamiento": Además, ha incidido en que se entiende que dentro de los criterios de esterilidad primaria están excluidos las mujeres solteras y lesbianas. Finalmente ha afirmado que Andalucía seguirá manteniendo el criterio fijado hasta ahora, "atendiendo a las personas, salvo contraindicación clínica".

El otro consejero perteneciente a un gobierno socialista, el del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha rechazado limitar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres solteras y lesbianas ya que, a su juicio, es una medida que "restringe derechos" a este colectivo. "Creemos que es una medida que aumenta la litigiosidad de una forma muy llamativa, porque restringe derechos a este colectivo, por lo que no podemos compartir esta decisión. Las parejas legalmente constituidas o las mujeres solteras tienen derecho a la reproducción humana asistida y, por tanto, son colectivos que hay que considerar plenamente", ha zanjado.

Las CCAA del PP dicen que el acuerdo de reproducción asistida es "igual" al establecido en el Decreto de 2006

Por su parte,  las comunidades del PP han asegurado que el acuerdo alcanzado en el Interterritorial sobre la reproducción asistida es "igual" que el establecido en el Real Decreto de 2006 que establece que la sanidad pública sólo va a financiar las terapias para las mujeres que tienen un diagnóstico de fertilidad.

En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha negado que sea una medida discriminatoria, tal y como lo ha asegurado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Bisexuales, y ha señalado que no se está discriminando "más" que lo que hizo la exministra de Sanidad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín, cuando aprobó dicha normativa.

No obstante, Fernández-Lasquetty ha informado de que lo "único" que se ha cambiado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, es la palabra "pareja" dado que esta normativa no se circunscribe sólo a la pareja sino al conjunto de mujeres con diagnóstico de fertilidad.

 "Se ha creado una polémica artificial porque lo que se regula es lo qué es lo que está cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS) es lo que está reflejado en el Real Decreto de 2006, que es el que muestra lo que cubre el SNS cuando hay un diagnóstico de fertilidad", ha apostillado.

Estas declaraciones han sido corroboradas por el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien ha señalado que, debido a que el SNS se creó para "atender" los problemas de salud de los españoles, por lo que "todos" los asuntos relacionados con la fertilidad tienen que estar "dentro" de la cartera sanitaria pública y, por tanto, "financiada por todos los españoles.

"No se trata de hablar de derecho porque los derechos existen, sino que no tiene sentido que el cien por cien de los españoles financien con sus impuestos prestaciones que no son de salud, que no tienen que estar en el sistema sanitario, y que de estar, tendrán que estar en otros sistemas".

Por ello, Echániz ha insistido en que aquellas situaciones en las que sean "opciones personales" no tienen que entrar "en la cartera de servicios" y ha comentado que desde el consejo se ha solicitado que "todas personas que han hecho esta iniciativa" deben financiarla "con fondos no sanitarios" ya que "el sistema no tiene que incluir" lo que no tenga que ver con el enfermado ni con los servicios de salud.

"No se trata de hablar de derecho, los derechos existen, sino que no tiene sentido que el cien por cien de los españoles financien con sus impuestos prestaciones que no son de salud, que no tienen que estar en el sistema sanitario, y que de estar, tendrán que estar en otros sistemas", ha apostillado.

Por último, la consejera de Sanidad del Gobierno de Galicia, Rocío Mosquera, ha asegurado que con esta normativa "no se excluye a nadie por su ideología, ni por su orientación sexual", sino por los "criterios clínicos" que son los ya establecidos en el Real Decreto de 2006 .