El 16/2012 es el decreto sanitario más impugnado de la democracia

Javier Barbado. Madrid
El Real Decreto 16/2012 se presenta ante los historiadores de la sanidad como el que más revuelo judicial ha generado en los últimos 35 años. Ni siquiera la Ley General de Sanidad (LGS) repercutió en mayor número anual de recursos interpuestos  ante el Tribunal Constitucional (TC), en materia de sanidad, durante los años circundantes a su aprobación en 1986 por el PSOE.

Ana Mato, ministra de Sanidad entre 2011 y 2014.

Así lo revela un análisis pormenorizado de los anales del Ministerio de Hacienda a este respecto, en los que se descubre que, solo en 2012, hubo 19 recursos presentados ante el TC relacionados con la sanidad, una docena de los cuales procede de impugnaciones de los gobiernos autonómicos al Estado, de los cuales siete, como poco, se dirigen de forma explícita contra el famoso decreto aprobado por la ministra de Sanidad Ana Mato.

De hecho, solo en 1984 se detectó una cantidad similar de procesos litigiosos por razón de normativas de salud, 14 en todo el año; el periodo correspondiente al primer gobierno democrático de Adolfo Suárez tras las elecciones de 1977 hasta 1979 todavía no está disponible en los archivos que publicita el Ministerio de Hacienda, pero es conocido que la reforma sanitaria fue una asignatura pendiente de la Unión de Centro Democrático (UCD) no resuelta en ese intervalo de tiempo en el que ni siquiera se había transferido la sanidad a una sola comunidad autónoma, por lo que los litigios del Estado contra resoluciones del gobierno central son improbables.

Por otra parte, los socialistas a menudo han esgrimido, como señal de que los populares dieron por buena la LGS, el hecho de que, a la llegada de éstos a poder en 1996, no se pusiera en cuestión la normativa en su conjunto.

Reacción de siete comunidades autónomas

Entre las 19 impugnaciones (estatales y gubernamentales) detectadas en 2012, se hallan las dirigidas, en efecto, contra el decreto 16/2012 por parte de las autonomías de Navarra, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Canarias y Aragón, la mayor parte de las cuales sigue en trámite, según se deduce de la lectura del informe de Hacienda sobre conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas del tercer trimestre de 2015.

Si se repara, por último, en este documento, se observa un paralelismo entre la aprobación de normas sanitarias de importante repercusión en el país y el acúmulo de impugnaciones ante el TC. Algunas de las leyes que se discutieron y aprobaron en años que coinciden con mayor número de estos recursos son la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la 41/2002 de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente, ambas sacadas adelante por un gobierno del PP.

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