El acuerdo sobre pensiones abrió la puerta al acceso de la sanidad a la jubilación anticipada por coeficientes reductores.
El posible acceso de los
profesionales sanitarios a una
jubilación anticipada con coeficientes reductores por penosidad, peligrosidad o toxicidad conllevaría una cotización adicional a la
Seguridad Social. Es lo que ocurre con los colectivos profesionales que ya pueden acogerse a esta modalidad de retiro prematuro. El objetivo de la medida es mermar lo menos posible las arcas del Estado: la sobrecotización compensa el desequilibrio derivado de la posterior reducción de la penalización en las pensiones por cada uno de los dos años de jubilación anteriores a la edad legal. En el caso de los
médicos, esa contribución adicional a la Seguridad Social sería de algo más de 500 euros al mes, pero los facultativos no asumirían todo ese montante.
Aunque hablar de
jubilación anticipada en sanidad es todavía precipitado, el debate cobra cada vez mayor fuerza. Desde
CCOO defienden que el modelo para el
personal estatutario habría de beber del sistema por el que ya se rigen otros colectivos profesionales como el policial, cuya penalización en la pensión es, aproximadamente, del 0,2 por ciento por cada año de retiro prematuro, frente al 8 por ciento que, de media, se aplica actualmente a los estatutarios, de acuerdo a los datos facilitados por el mismo sindicato.
Cotización adicional para la jubilación anticipada: así se calcula
Las cotizaciones a la Seguridad Social se calculan aplicando a la
base de cotización de cada trabajador el tipo que corresponde a cada contingencia. En el caso de las
contingencias comunes, la empresa paga un 23,6 por ciento sobre la base de cotización y el trabajador, un 4,7 por ciento. La cotización adicional sobre la base por contingencias comunes para los colectivos profesionales que pueden acceder a la jubilación anticipada por coeficientes reductores se calcula de igual forma, pero con distintos porcentajes.
Siguiendo con el ejemplo de los
policías municipales, en CCOO indican que su sobrecotización para el futuro retiro prematuro se eleva al 10,6 por ciento, de la que los ayuntamientos -como empleadores- han de financiar el 8,84 por ciento y los propios funcionarios, el 1,76 por ciento restante.
Según
Vicente Matas, médico jubilado y coordinador del Centro de Estudios del
Sindicato Médico de Granada, para la “inmensa mayoría” de los facultativos la base máxima de cotización es de 4.720,5 euros al mes, con doce mensualidades, dado que las pagas extraordinarias se prorratean. Si se calca el sistema de jubilación anticipada de los policías locales al modelo sanitario, la cotización adicional del gremio médico sería de 500,373 euros, es decir, el 10,6 por ciento de su base. De ese dinero, el Estado se haría cargo de 417,29 euros -el 8,84 por ciento- y los propios facultativos, de 83,08 euros -el 1,76 por ciento-.
En cualquier caso, las fuentes sindicales consultadas insisten en que la consecución de la jubilación anticipada en sanidad se antoja lejana. Pese al
acuerdo sobre pensiones entre el
Gobierno y los
agentes sociales anunciado el último día de julio, que abre la puerta a la aplicación de coeficientes reductores en las penalizaciones sobre las pensiones de los sanitarios que se retiren antes de la edad legal, aún es necesario analizar las toxicidades, peligrosidades y penosidades de los distintos colectivos profesionales para valorar si entran dentro de las nuevas condiciones para el retiro del trabajo activo antes de lo establecido.
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