Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, y Belén Crespo, directora de la Aemps.
El Gobierno acatará el dictamen del Tribunal de Derecho Humanos de Luxemburgo con el que desestimó el recurso de la
Asociación de las Víctimas de la Talidomida de España (Avite). Sin embargo,
Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, ha asegurado que no se les dejará tirados y que “España está en deuda con todos los afectados de la
talidomida”.
Consultada por
Redacción Médica durante su visita a las instalaciones de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ha reconocido que “como Gobierno tenemos que respetar y cumplir las sentencias de los tribunales. Pero como ya saben, el
Consejo Interterritorial acordó un plan para las víctimas de la talidomida, uno que ya estamos desarrollando con todas las comunidades autónomas”. De hecho, esta vía es la única que le queda al colectivo de pacientes tras el varapalo judicial
El primer paso de este plan es crear “un
registro nacional de todos los afectados de la talidomida”, en el que tendrá un papel clave el Instituto de Salud Carlos III. La idea es tenerlo terminado, “de una vez por todas, para este año”.
Este registro permitirá al gobierno llevar a cabo “una segunda fase, que consistirá en dar a las víctimas la asistencia sociosanitaria que sea necesaria y hablar también con el gobierno de Alemania, que tiene una fundación creada junto a la compañía (Grünenthal), para atender a reclamaciones si los afectados están reconocidos previamente por los estados. De ahí que sea tan importante que tengamos el registro”.
Ha asegurado, así mismo, que no hay intención de dar marcha atrás por parte del Ejecutivo. “Es un compromiso del Gobierno de España que forma parte del acuerdo de investidura que adquirimos con Ciudadanos y también hay una proposición no de ley aprobada al respecto”.
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