Máximo González Jurado, presidente del CGE, y Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC.
Desde hace un par de años, los
farmacéuticos comunitarios han reclamado la posibilidad de que
se les permita vacunar en sus establecimientos, con argumentos como
mejorar los ratios de vacunación contra la gripe, algo que ya está ocurriendo en países como Irlanda o Portugal. De hecho, el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que se está planteando esta posibilidad. Sin embargo, enfermeras y médicos se oponen a ella
. En esta ocasión una causa une a ambas profesiones: que las
farmacias no reciban la competencia de vacunar, al menos no sin un debate previo entre todos los ámbitos y teniendo que abrir el ‘melón’ legal necesario.
Por lo pronto,
Máximo González Jurado, presidente del
Consejo General de Enfermería, considera que el que el farmacéutico vacune “es ciencia-ficción. Me tengo que ajustar a las reglas del juego. El Ministerio de Sanidad no puede hacer nada que la ley no haya regulado previamente y no puede saltársela. Tendría que abrirse un melón competencial de las distintas profesiones. Si se abre, estaremos encantados de sentarnos en la mesa, hablar y ver qué es lo mejor para el Sistema Nacional de Salud. Pero hoy por hoy hay una
reserva de ley de los cuidados de enfermería en favor de la Enfermera por directiva comunitaria y por la Ley de Ordenación de las profesiones. Si la vacunación es un cuidado enfermero, nadie que no sea enfermero (o un médico en determinadas situaciones) puede vacunar”.
Máximo González Jurado.
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Asimismo, González Jurado precisa que la posibilidad de debate existirá solo en el caso del farmacéutico “como un profesional sanitario en el ámbito de un centro del sistema público de salud, y no en un establecimiento privado, la oficina de farmacia”. En este caso, avisa de que la Enfermería se cerrará en banda: “Nos oponemos rotundísimamente a que la actividad que se hace y se debe hacer y se financia desde el sector público se haga desde el privado, sería como la privatizar dicha actividad”, advierte.
Por su parte, la
Organización Médica Colegial también ve clave la cuestión competencial. “Estamos en contra porque no está en el marco competencial, y no entendemos que esa competencia la pudiera adquirir la farmacia”, advierte
Juan Manuel Garrote, secretario general del órgano. Asimismo, apunta que “no es lo mismo vacunar en un centro de salud en el que hay un equipo sanitario y si hay una reacción adversa o anafiláctica con riesgo de muerte el paciente puede ser atendido por la misma enfermera con su aparataje o por el médico, que vacunar en una oficina de farmacia en donde un farmacéutico no tiene preparación para solventar este problema de shock anafiláctico”.
La clave del coste
Por otro lado, Garrote cuestiona: “no sabemos si esto tendrá un coste. ¿Habría que pagar a las farmacias por hacer esto? ¿Lo hará el Estado, que ya está pagando a los farmacéuticos? ¿O es que va a detraer del sueldo de los enfermeros las vacunas? Estamos un poco perdidos en este sentido”, argumenta.
Garrote: "No creo que debamos rebajar nuestro contenido profesional. La falta de profesionales se compensa de otra forma"
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Con todo, lo cierto es que son ya
numerosos los países que han decidido que el farmacéutico pueda vacunar, al menos de la gripe, para mejorar los ratios de cobertura en la población general. ¿Por qué en España no puede ser así? “En Australia hay enfermeras que están haciendo actividades que en España se podría decir que son de médicos. ¿Por qué? Porque allí tienen una carencia enorme de profesionales. Si fuera esa la situación, ante la posibilidad de que no vacune nadie, prefiero que vacune un farmacéutico. Pero en España, un país civilizado con una sanidad envidiable, no creo que debamos
rebajar nuestro contenido profesional. ¿Lo hacen otros países porque tienen falta de profesionales? Bueno, pero creo que la falta de profesionales se compensa de otra forma”, considera Garrote.
Posibilidad autonómica
Los propios colegios de farmacéuticos han trasladado la posibilidad de
vacunar a administraciones autonómicas, como han sido los casos de Pontevedra o Valencia. Si en alguna región saliera esto adelante, González Jurado advierte de que “habría inmediata reacción por parte del Consejo General de Enfermería. Iríamos a los tribunales ordinarios de Justicia europeos y nacionales. Y si entendemos que hay extralimitación de competencias por parte de las autoridades se impondría la correspondiente querella criminal. Entendemos que sería un acto ilegal de prevaricación y una resolución injusta a sabiendas. Una comunidad autónoma no tiene capacidad para regular las competencias de los profesionales, y menos para hacerlo en detrimento de competencias que están reguladas hoy a favor de una profesión concreta. Sería un tema de una gravedad extrema. Eso es como si una región dice que una enfermera puede dispensar medicamentos. No puede ser: eso está reservado para el farmacéutico por ley, está en su formación, entre sus competencias profesionales".
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