El plazo de la Sepsm para el plan antisuicidio no cala: "Hay que actuar ya"

El Plan Nacional sobre el Suicidio debe elaborarse e implementarse de manera inmediata, según especialistas de Psiquiatría. No hay que esperar hasta el año 2026, tal y como planteó la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) como fecha ‘tope’ para su desarrollo y puesta en marcha. “No podemos esperar a 2026 para ponernos a pensar en hacer cosas. Hay que empezar a actuar ya, con un plan que tenga estos tres años de margen pero que no esperemos para el último momento para establecer los cambios”, recalca Julia Cambra, psiquiatra.

Y es que la facultativa señala que “evidentemente hay que poner una fecha límite”, pero sentencia que “cuanto antes” se elaboren “políticas urgentes, muchísimo mejor”. Cambra argumenta que el suicidio cada vez está aumentando más en la población adulta, siendo “preocupante” su incidencia en la población infanto-juvenil. “Habría que ponerse lo antes posible en el desarrollo de un plan de prevención de conducta suicida”, coincide Joan Vegue, psiquiatra y director del Plan de Salud Mental de Cataluña. El facultativo considera que un plan para la prevención del suicidio debería plantearse desde la colaboración y trabajo de varios ministerios: “Un plan conlleva alinear políticas interministeriales, porque la prevención del suicidio no se puede pensar solo desde el punto de vista de la salud, sino que tiene que haber acciones muy bien articuladas desde diferentes ámbitos, con Educación, Cultura, Derechos Sociales e incluso Interior”.

Tal y como recalca Cambra, dicha estrategia conlleva definir dos miradas diferentes. Una a corto plazo, y otra, a medio-largo. “Está claro que no se pueden tomar decisiones sobre el suicidio a la ligera. Hay que pensarlo bien. Habría que hacer un plan asentando unas bases fuertes que contemple, por ejemplo, el aumento de la ratio de profesionales por habitantes tanto en los centros de salud mental de adultos como en los de infanto-juvenil, potenciando la presencia de psicólogos clínicos o de coordinadores para poder hacer un buen filtro y evitar que haya personas que se suiciden o lo intenten antes de que les haya visto el psiquiatra”. La especialista justifica que esas serían medidas a tomar “de manera urgente”, puesto que “no hace falta esperar tres años para contratar a más profesionales”.

No obstante, Cambra señala que es importante que las administraciones pertinentes y los profesionales no quieran “correr”, para establecer y asentar las bases a largo plazo, ya que se trata de “un problema que viene de largo y que es muy grave”. Vegue, por su parte, añade que a día de hoy cuentan con suficiente evidencia sobre lo que funciona en la prevención del suicidio, y que todos los planes para ello plantean objetivos y acciones “muy parecidas”. “El hecho de que pudiera haber un plan estatal sería, sobre todo, para que en aquellas comunidades autónomas que no existan planes de prevención poder alinear políticas para que pudieran contar con acciones en todo el conjunto del país. Así, existirían medidas adecuadas para intentar disminuir los intentos de suicidio y los consumados, que es el objetivo de todo plan de prevención”, afirma Vegue. Concretamente, la ventaja principal de la implementación de ese plan sería poder salvar vidas a las personas en riesgo.

Teléfono de ayuda para prevenir el suicidio

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no se ha ‘lanzado’ a desarrollar un plan nacional para la prevención, y ha centrado toda su acción en implementar un teléfono de ayuda para evitar intentos de suicidios, el 024. Desde Sepsm comentaron a este diario que no han planteado a Sanidad ninguna propuesta formal para su elaboración, marcando en su calendario el 2026 para exigir el Plan Nacional sobre el Suicidio. Los psiquiatras, por lo tanto, coinciden en que una cobertura estatal al suicidio es fundamental para hacer frente a esta “lacra”, aunque difieren en el margen temporal. A día de hoy, en el Estado, las estrategias para prevenir el suicidio están implementadas en algunas comunidades autónomas, pues hay algunos territorios como Cataluña, Baleares o Asturias que han desarrollado e implementado el suyo propio.