La privada ve la propuesta del 14% más como el "fin deliberado" de Muface

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) advierte desde hace tiempo que el fin del modelo Muface y la migración de 1,5 millones de funcionarios al régimen general de la sanidad pública está firmado en los despachos del Gobierno de coalición. En el marco de las negociaciones entre Gobierno y compañías aseguradoras para la renovación del modelo Muface, la oferta de remuneración realizada se sitúa "muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras" -y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas-, ya que "el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios".

En 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años, según recoge uno de los informes de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Alianza de la Sanidad Privada Española. Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2. Según este informe “el incremento en la edad de los mutualistas está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad. La edad es un factor determinante en la aparición de patologías y, como consecuencia, en el incremento de las necesidades de atención sanitaria".

Precisamente Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha afirmado hace relativamente poco que “este paciente mutualista no tiene una alta complejidad de cuidados crónicos”, avalando con sus palabras la posibilidad de que el sistema público pueda asumir a partir del 1 de enero, “con la financiación adecuada”, casi 1,2 millones nuevos de pacientes mutualistas beneficiarios del modelo que hoy en día (suponen el 78% de los 1,5 millones de funcionarios) reciben asistencia sanitaria en el ámbito del aseguramiento y la provisión sanitaria privada.

Para ASPE, esta oferta remunerativa busca de forma deliberada que la responsabilidad del fin de Muface recaiga en el sector sanitario privado, que no aceptaría unas condiciones exiguas para no prestar un servicio asistencial sin la calidad adecuada.

Si el nuevo acuerdo para el bienio 2025-2026 no implica un incremento de la prima significativo que garantice la plena accesibilidad de los mutualistas a todos los servicios sanitarios en todo el territorio y que al mismo tiempo se remunere a la provisión sanitaria de forma suficiente para no caer en pérdidas en la prestación del servicio, no existe posibilidad de renovación del acuerdo y, por tanto, desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025.

“El incremento de la prima por parte de Muface debe ir dirigido a garantizar un cuadro médico completo en todo el territorio nacional y que los mutualistas reciban un servicio de calidad con acceso efectivo a todos los servicios y especialidades”, ha señalado Carlos Rus, presidente de ASPE. De hecho, en una entrevista el pasado diciembre en este medio, el mandatario ya señaló que "la muerte de Muface" ya se había firmado.

La financiación insuficiente ya existente durante los últimos años ha generado una situación insostenible, afectando la accesibilidad del mutualista a la atención sanitaria y provocando mayores tiempos de espera debido a que, o bien las aseguradoras han seleccionado de forma más restrictiva sus cuadros médicos, o bien algunos prestadores se han visto obligados a no continuar ofreciendo el servicio por las tarifas actuales. El potencial incremento de la prima debería servir, según ASPE, para reconducir ambas situaciones.

Colapso total de la pública

ASPE considera que la propuesta de incrementar un 14% la prima de Muface es completamente "insuficiente" y subraya la necesidad de equiparar la prima del mutualista con el gasto sanitario real por ciudadano, que se sitúa en 1.608 euros, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según el citado informe de la UCM, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.