Ángel de Benito y Luis Mendicuti, secretarios generales de la Fundación IDIS y ASPE, respectivamente.
Voces del sector sanitario reclaman una reformulación de la
Ley General de Sanidad. Consideran que la normativa que nació en 1986 se ha quedado obsoleta después de 36 años en vigor. Es por esta razón que tanto la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) como el
Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) piden la elaboración de una nueva que refuerce la
colaboración público-privada, poniendo como ejemplo el
'modelo Muface' o de mutualidades, e incorpore diversas
modificaciones para que se ajuste a los nuevos tiempos.
A juicio de ASPE, cualquier proyecto legislativo que afecte al
Sistema Nacional de Salud (SNS), como una hipotética reforma de la Ley General de Sanidad, debe fundamentarse en “la mejora y ampliación de los derechos de los ciudadanos, y
no limitar los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas para minimizar las vías de colaboración sanitaria público-privada”.
De hecho, defienden en declaraciones a
Redacción Médica que esta unión es “probadamente eficaz”, sobre todo, en un contexto de
aumento del gasto sanitario por el envejecimiento de la población y un incremento de la cronicidad. “Consideramos que la legislación sanitaria debe
consolidar e incrementar el modelo de mutualidades como ejemplo de colaboración público-privada”, insisten.
Afirman en este sentido que el modelo concertado
es una de las vías “más eficaces” en la gestión sanitaria para atender situaciones estructurales como las
listas de espera quirúrgicas o de pruebas diagnósticas. Así, destacan que “reforzar la complementariedad es la única política que garantiza un modelo que sitúa al
paciente en el núcleo del sistema”. “Son necesarias
reformas estructurales para avanzar en el fortalecimiento de la colaboración público-privada y así favorecer la
optimización de la gestión sanitaria”, argumentan desde ASPE una vez más.
106 artículos de la Ley General de Sanidad están "obsoletos"
Esta reivindicación de la privada se suma a las peticiones que el experto en Derecho sanitario
Ricardo De Lorenzo avanzó recientemente a este medio. Con el objetivo de recuperar “los valores básicos de
universalidad, gratuidad, igualdad, accesibilidad, calidad y participación” que deben primar en el sistema sanitario, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y presidente del Bufete De Lorenzo Abogados señaló que
la nueva Ley General de Sanidad debe definir el papel del Ministerio de Sanidad o del
Consejo Interterritorial como guías del SNS, así como vincular el derecho a la salud y la
asistencia sanitaria al concepto de ciudadanía, entre otros aspectos.
Asimismo, reconoció como ya hizo anteriormente el presidente de la Fundación IDIS,
Juan Abarca, que
el 74 por ciento de las normas que ésta recoge “ha perdido efectividad” y, en consecuencia, reclama a un
"Pacto por la Sanidad" que busque el consenso y promueva una nueva legislación adaptada al siglo XXI, especialmente tras la
pandemia provocada por el Covid-19.
Un punto con el que también coinciden desde la Fundación IDIS, quienes han ratificado a este periódico que
106 artículos de los 143 que componen la Ley General de Sanidad
“han perdido efectividad normativa”. Y, en este punto, desgranan que 26 artículos han sido
derogados y modificados, 33 están
obsoletos, más de seis artículos están
fuera de nuestro tiempo o, como se han denominado,
inmaduros y, los 41 restantes se consideran críticos por su
ambigüedad.
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