ASPE registra su petición de inconstitucionalidad sobre la ley 7/2017

La Alianza de la Sanidad Privada Española ha presentado ante el Defensor del Pueblo la solicitud del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2017 de la Comunidad Valenciana, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.

Aspe mantuvo una reunión el viernes pasado con la ya exdefensora del Pueblo, Soledad Becerril y ahora da "un paso más en la defensa de la Sanidad Privada", según indica la alianza en un comunicado. El organismo considera que "se está viendo especialmente atacada en comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana".  

En esta situación se encuentra también Aragón y podría llegar a producirse en otras regiones como Cataluña. Ante la posibilidad de que "esta flagrante injusticia siga extendiéndose por el resto de España", ASPE ha pedido que el Defensor del Pueblo actúe.

En su opinión, se está "vulnerando el principio de jerarquía normativa en la medida en que la ley autonómica vulnera la legislación básica estatal en materia de contratos y concesiones administrativas, y sectorial sobre la concertación de los servicios sanitarios".

Competencia del Estado

También asume que "se vulnera, asimismo, la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las bases y coordinación de la sanidad, ya que la Ley 7/2017 excluye de la actividad concertada a las entidades con ánimo de lucro, cuando la norma de bases estatal que regula la actividad concertada de los servicios sanitarios, no establece tal exclusión".

Por último, la alianza estima que se "vulnera el derecho de igualdad de trato y de no discriminación, puesto que la Ley 7/2017 dispensa un trato desigual a las entidades sin ánimo de lucro con respecto a las entidades con ánimo de lucro, al excluir a estas últimas de la acción concertada sanitaria sin atender a criterios de la capacidad del empresario para realizar las prestaciones propias del contrato".

Por todo ello, ASPE pide ha pedido a la Defensora del Pueblo que proceda a interponer un recurso de Inconstitucionalidad y a solicitar la suspensión cautelar contra dicha Ley, ya que "afecta a derechos fundamentales y constitucionalmente reconocidos".