Aplicar la ley de conciertos en sanidad: ¿urgencia o ideología?

Elegir qué fórmulas de gestión para aplicar en sanidad (colaboración público-privada o únicamente pública) está levantando más de una ampolla en el sistema español. Ya son varias las comunidades autónomas que han anunciado su apuesta clara por esta última vía para, según han manifestado, dar cumplimiento “de urgencia” a la directiva europea sobre contratación pública, ante la falta de respuesta del Gobierno central. Una decisión que no ha tardado en tener una respuesta por parte del sector privado, uno de los grandes afectados de esta posible exclusión, que no han dudado en tacharla de “discriminatoria” y que está motivada, fundamentalmente, por motivos ideológicos.

En concreto, las regiones que ya han empezado a aplicar esta medida se amparan en que la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo daba como máximo dos años para ser traspuesta por los Estado miembros. En el caso de España, y con un Gobierno en funciones en 2016, impidió que se pudiese aplicar y cuando ha querido hacerlo, lo ha hecho fuera de plazo.

Ante esta situación, ¿exige realmente la normativa europea a las comunidades autónomas trasponer esta directiva en sus territorios si no lo ha hecho antes el Ejecutivo? ¿Se justifica esta necesidad de “urgencia” o se basa, como denuncia la privada, en una decisión puramente política? Un experto en la materia resuelve las dudas jurídicas que trae consigo esta medida.

Tres CCAA lideran la ley ‘anticonciertos’

Hasta el momento, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana han sido las tres primeras regiones donde sus consejeros de Sanidad han manifestado claramente su preferencia por contratar sus servicios sanitarios con organizaciones sin ánimo de lucro o de economía social, lo que excluiría la colaboración con compañías sanitarias privadas.

En el caso de Cataluña, por ejemplo, y a pesar de ser una de las que más han ido contra este sector, la ley de conciertos sanitarios no se aprobará en esta legislatura, tal y como adelantó Redacción Médica, y en el de Comunidad Valenciana, ha generado un enfrentamiento total con la principal patronal de la sanidad privada en España: ASPE. De hecho, esta organización pidió, primero, amparo al Defensor del Pueblo, a través de un recurso de inconstitucionalidad, que después remitió al Gobierno, tras no ser aceptado por la entidad que preside Soledad Becerril.

La ley no excluye la colaboración con la privada

De hecho, el responsable del Departamento Jurídico de ASPE, Luis Mendicuti, explica, no solo las razones que ha llevado a la alianza a denunciar este tipo de prácticas, sino también a entender, desde un punto de vista jurídico, por qué la razón de “urgencia” no se sostiene.

Por un lado, el experto asegura que “el proyecto de ley inicial no estableció una exclusión para las entidades con ánimo de lucro”, es decir, no hacía una distinción entre las diferentes organizaciones que mantuviesen acuerdos con la Administración, como ahora parecen diferenciar las comunidades autónomas que ya lo aplican. “La interpretación que hace la Comunidad Valenciana y Aragón de ella es errónea, porque consideran que la ley les obliga a excluir a la privada cuando no es así”, índice Mendicuti.

Pero, además, explica que, aunque el Gobierno no hubiera traspuesto esta directiva para España o lo hubiera hecho fuera de plazo, no justifica que las regiones actuasen por su cuenta y decidiesen aplicarla a sus sistemas sanitarios por razón de “urgencia”. “Las CCAA no tienen la obligación de trasponer una directiva europea y las que lo han hecho, se han justificado diciendo que era muy urgente para poder regular otros temas, cuando en realidad ha sido una decisión ideológica”.

En el caso de la Comunidad Valenciana, prosigue, “lo ha hecho porque ha querido, excluyendo para ello a las entidades sin ánimo de lucro”. Algo que, en opinión del jurista, “es contrario a la Ley General de Sanidad”.

Navarra, a contracorriente

Entre toda esta ‘disputa’ sanitaria ha salido una región que se ha posicionado en contra de limitar los conciertos con entidades privadas: Navarra. Tal y como manifestó su consejero de Sanidad, Fernando Domínguez, a ASPE durante su primera reunión, su región no tiene previsto desarrollar una normativa que excluya a las entidades con ánimo de lucro de los conciertos sanitarios.

Sin embargo, la alianza teme que la iniciativa llevada a cabo por Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana se extienda a otras regiones. “Es un riesgo que existe”, reconoce Mendicuti, quien considera que “excluir a una entidad con ánimo de lucro no es la mejor forma de utilizar los servicios sanitarios. Otras cuestiones, como la calidad y eficiencia, son más importantes”.