"Hay que regular por ley que todos los médicos roten por el sector privado"

Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), afronta también una nueva etapa como presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE. En un momento, tal y como explica en esta entrevista a Redacción Médica, donde el sector sanitario privado está viviendo grandes e importantes cambios que le afectan: desde la renovación del concierto sanitario de Muface, la implicación de la privada en la alta complejidad médica, pasando por la escasez de sanitarios y las soluciones que se proponen a nivel europeo para paliar este déficit. Sobre esta cuestión, Rus plantea la necesidad de establecer una rotación de todos los médicos por el ámbito privado para que, en su opinión, conozcan de primera mano cómo es gestionar los recursos (tanto humanos como presupuestarios). Una rotación que debe ser, según su consideración, "por ley". 

Recientemente ha sido nombrado presidente de la Comisión de Sanidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). ¿Cuáles son los principales retos que se ha marcado para este mandato?

Hasta el momento, ha sido Cristina Contel, presidenta de honor de ASPE, quien ha asumido este liderazgo y ha hecho un gran trabajo. Ahora, ha llegado el momento del cambio, tras un año de rodaje tan difícil como ha sido el del Covid-19. Lo primero que quiero hacer en la Presidencia de la Comisión de Sanidad de la CEOE es estructurar su Dirección y plantear alguna Vicepresidencia nueva. Además de eso, la comisión tiene que tener un papel más institucional. Hasta ahora ha sido un foro muy interesante donde comentar con otros sectores qué preocupa y es el momento de tener un papel más activo a nivel político, mediático e institucional.

Su nombramiento en la CEOE coindice días después de que el Gobierno anunciara que no limitará los contratos temporales al 15 por ciento en general, sino en función del sector. ¿Cómo valora esta medida? ¿Lo ve como una primera batalla ganada? 

El Covid-19 ha acentuado el déficit de profesionales sanitarios en el ámbito privado, según Rus.

En cuanto a la reforma laboral, España está muy limitada por Europa sobre qué decisiones puede o no puede tomar. Además de eso, coincide que en aquellas regiones donde hay gran presencia de la sanidad privada, hay un mayor volumen de población. Pero, ¿qué hacemos cuando la población se triplica en verano? No tenemos la misma circunstancia todo el año y depende de la estacionalidad vinculada al turismo, por lo que el sector necesita contar con profesionales de carácter temporal. 

Desde ASPE no defendemos que haya una temporalidad no necesaria y abusiva. Pero creemos que hay que fijarla cuando es necesario y no limitarla, porque al final consigue que seamos más inflexibles, se complique más la gestión y los resultados sean peores. 

Otra cuestión de actualidad y que afecta de lleno a la sanidad privada es Muface. Recientemente se ha actualizado su convenio sanitario a tres años más, pero el modelo ha perdido una de las cuatro aseguradoras que participaban en él. ¿Qué le falta para ser atractivo?

Para la sanidad privada es un modelo de colaboración público-privada atractivo y tremendamente exitoso, pero en el que todavía nos vemos coartados para que crezca como debería ser, quizás por cuestiones ideológicas o por miedo. Pero la realidad es que el 85 por ciento de los funacionarios elige sanidad privada y, además, supone una fuente de ahorro importante para las arcas del Estado.

Entonces, ¿por qué no ampliarlo a otros colectivos, tanto fuera como dentro de España, especialmente en el contexto de envejecimiento que estamos viviendo? Creo que es porque falta valentía y es una cuestión que los partidos deberían pactar en el ámbito sanitario. Considero que aquí se tiene siempre una falsa lectura de la gestión pública y privada, y es un debate polítco que al ciudadano no le interesa. Lo que él quiere es una buena medicina y unos buenos profesionales sanitarios que solucionen su problema, le da igual la titularidad. Y aquí hay que pedir mayor responsabilidad a los políticos.

Ahora sí, la sanidad privada podrá participar en la vacunación de Covid-19. ¿A qué cree que se debe este cambio de criterio?

Si el 85 por ciento de los mutualistas de Muface recibe atención sanitaria en el ámbito privado, ¿por qué no va a ser este sector quien los vacune? Nuestra disponibilidad ha sido siempre absoluta. De hecho, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, la sanidad privada ha vacunado a sus propios profesionales y en regiones como Canarias, a 27.000 personas de forma directa y gratuita, por ejemplo.

Una de las cuestiones que pidió ASPE a principio de la pandemia es poder comprar vacunas de Covid-19 de forma sectorial. ¿Considera que se ha abierto la puerta al sector para lograr este objetivo? 

Se tiene que permitir. Cuando España salió del primer confinamiento, otros países del entorno (como fue el caso de Inglaterra) ya habían empezado a negociar la compra de vacunas. En su momento, desde ASPE planteamos empezar ya a negociar y a adelantarnos a otros países con una vacuna que recibirá toda la población y, probablemente, de forma anual. 

Otro de los temas que más preocupa a la sanidad privada es la escasez de profesionales sanitarios, una falta de personal que, según ASPE, no solo ocurre en España, sino también a nivel europeo. ¿Por qué le cuesta tanto al sector encontrar trabajadores?

Porque no los hay. Cuando planteamos este tema a Europa, la sanidad privada española se encontró con la misma situación a nivel comunitario, y planteamos tres mesas de trabajo a nivel de la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP): una sobre el seguro de salud, otra sobre fiscalidad y, la última, sobre escasez de profesionales sanitarios. 

Algunas voces dicen: "Hay muchísimos profesionales españoles que se van a trabajar a Alemania y a Inglaterra". Pues Alemania e Inglaterra tienen exactamente el mismo problema que nosotros. No es una cuestión económica, sino de oferta y demanda que no se cubre ahora, ni tampoco lo hará en el futuro con las jubilaciones.

Además, el Covid-19 ha acentuado un problema que ya existía, porque gran parte del personal contratado se ha quedado en el ámbito público para no perder la oportunidad de sumar puntos. Y ahí tenemos otra batalla: y es que la experiencia en el sector privado no cuenta a la hora de conseguir una plaza y de debe permitir que esta experiencia tenga valor y sea considerada. En este sentido, considero que tenemos un problema con las homologaciones, además de que necesitamos incrementar el número de plazas MIR, así como de mayor número de facultades y de profesionales que salgan de ellas cada año. 

¿A qué país debería emular España para erradicar este problema?

Todos los países europeos tienen exactamente el mismo problema que España en este sentido, y más teniendo en cuenta que en Europa vivimos bajo el mismo contexto: cada vez mayor esperanza de vida, mayor número de crónicos y más necesidad de incrementar el presupuesto en este tipo de gastos. Pero no tenemos un relevo generacional de profesionales que se vayan incorporando al mismo tiempo de aquellos que se jubilan, teniendo en cuenta también que se ha incrementado la actividad asistencial. 

Como es un problema a nivel europeo, España debe mirar hacia Latinoamérica, su cantera natural, para conseguir captar profesionales sanitarios para que trabajen en nuestro país. 

Cristina Alcalá, jefa de Empresas de Redacción Médica, y Carlos Rus, presidente de ASPE, en un momento de la entrevista.

Otro de los focos donde la sanidad privada ha puesto el ojo es en el MIR. De hecho, ASPE ha asegurado que contar con la privada podría aumentar la oferta hasta las 10.000 plazas para la próxima convocatoria. Sin embargo, varias comunidades autónomas ya han propuesto obligar a los médicos a realizar un número de años en la sanidad pública tras la residencia. ¿Lo considera una zancadilla de la sanidad pública, cuando ambos sectores han reconocido tener una falta de profesionales evidente?

Nuestro objetivo en el MIR es que el número de plazas que ofertara por el Ministerio de Sanidad llegasen 10.000 y cuando empezamos a reivindicarlo, estábamos en 5.500. En la última convocatoria se han superado las 7.000, es decir, vamos avanzando a buen ritmo. Pero el Gobierno tiene que darse prisa, porque tanto el ámbito público como el privado están empezando a tener carestía de ciertos profesionales en ciertas especialidades. Y esto genera una competencia que no es lógica y conlleva el problema de la incompatibilidad. 

¿Es una zancadilla que se pida que un sanitario tenga que formarse necesariamente en el ámbito público para ejercer la Medicina? Considero que habría que regular por ley que todos los médicos deben pasar por el ámbito privado, porque la gestión de los recursos va a tener cada vez más relevancia para hacer sostenible el sistema. Y es importante que tengan la visión de ambas áreas, ya que son responsables de gestionar tanto el volumen de profesionales, como de presupuesto. Y la visión del ámbito privado es tremendamente enriquecedora.

¿Debería implementarse en España una ley nacional que fomente la compatibilidad público-privada en sanidad?

Actualmente en la sanidad hay una normativa, que creo que es del año 86, que trata igual a médicos que a abogados. Esto quiere decir que, cuando un abogado trabaja en la Administración, no se contempla que trabaje por la tarde en un despacho privado porque puede manejar una información de carácter confidencial que puede beneficiar a su cliente y sacarle provecho. Sin embargo, en Medicina, si un profesional trabaja en el sector público por la mañana, y en el privado por la tarde, el único provecho que saca es una mayor experiencia y un mejor trato del paciente. Lo que no puede hacer un médico que trabaja en lo público derivarlo al privado por una motivación económica, eso hay que rechazarlo. 

A día de hoy, hay comunidades autónomas donde sí se puede compatibilizar la actividad y otras donde el criterio no es claro, transparente y, además, es cambiante. Por lo tanto, tenemos una misma ley nacional y 17 criterios distintos y no parece muy lógico. Lo lógico es que puedan compatibilizar la actividad y el sector público y el privado no tengan que entrar en una batalla que, en muchas ocasiones, solo tiene un sesgo ideológico. 

Otra de las cuestiones importantes para la sanidad privada es el de la alta complejidad médica. De hecho, se erige como sector clave en avances quirúrgicos y asistenciales innovadores. ¿De qué manera puede ayudar a reducir la lista de espera tras la pandemia del Covid-19?

ASPE realiza todos los años una jornada donde resalta el papel de la sanidad privada en la alta complejidad médica, porque somos el motor de innovación tecnológica de España. Por poner dos ejemplos: el primer robot Da Vinci del país entra en el ámbito privado y las dos primeras instalaciones de protonterapia, también.

¿Y en qué patologías o tratamientos destaca la sanidad privada como punta de lanza en alta complejidad médica?

En Oncología, en temas relacionados con la obesidad, en Traumatología, cirugía cardiaca, etc. De hecho, son los campos donde la sanidad privada más participación tiene en ensayos clínicos.

En cuanto al convenio de daño cerebral, que está vigente hasta 2022, y cuenta en la actualidad con 25 centros. ¿Hacía qué mejoras tiene que tender este acuerdo que, exclusivamente, atañe a la sanidad privada? 

Hasta ahora, en España si alguien sufría un daño celebral como consecuencia de un accidente de tráfico, tenía solo la opción de ser asistido en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, o al Instituto Guttmann de Neurorehabilitación, de Barcelona. Con este nuevo convenio se busca que los hospitales apuesten por dar este tipo de servicios y acercar el tratamiento de estas patologías al paciente, con el consiguiente beneficio para sus familias. 

Actualmente, cuenta con 25 nuevos centros de altísima especialización en España (tras la incorporación en algunas ciudades como Murcia o Córdoba) y el objetivo es seguir potenciando la excelencia en los resultados, a través de una medición de los mismos. Y, todo ello, con inversión tecnológica y en recursos humanos. 

Otro convenio que atañe a la sanidad privada y lleva tiempo siendo reclamado por el sector, es el baremo de daños sanitario, incluido en el convenio de tráfico. ¿Qué novedades hay al respecto? 

Hay que felicitar a las compañías de la rama del automóvil por su responsabilidad y por haber entendido que las circunstancias del Covid-19 han sido muy duras y que requerían de unas tarifas distintas. En ese sentido, la principal novedad es el pacto de unas nuevas tarifas para el periodo del coronavirus, tarifas que van de forma retroactiva desde el 14 de marzo hasta que la incidencia acumulada sea inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Esto no va a servir para recuperar todo el daño que se ha provocado, pero sí para paliarlo. En este sentido, la sanidad privada ha puesto a disposición un servicio completo de profesionales y sus instalaciones, haya o no Covid-19, y hacemos una llamada también a la responsabilidad del resto de sectores que congregan el seguro. 

¿Tiene la esperanza que el actual Ejecutivo le dé el empujón definitivo al baremo de daños sanitarios, paralizado desde hace años?

El convenio de tráfico tiene ya más de 25 años ha estado en constante evolución. Creo que en esta última etapa, ha estado muy focalizado en la atención al paciente y ha evitado mucho rechazo de asistencia por cuestiones administrativas. Está muy asentado y tiene futuro, porque la alternativa sería que la persona que sufre un accidente de tráfico y necesite recibir asistencia, depende del resultado de un juicio para saber si se cubre o no. Mientras que, con este convenio, la asistencia sanitaria está garantizada y no genera intranquilidad en los pacientes. Después del juicio se podrá limitar otra serie de indemnizaciones por secuelas, daños materiales, etc. pero, al menos, se evita alargar en el tiempo la asistencia. Por tanto, esta parte se objetiviza y no depende del resultado del pleito.

Por contra, la sanidad privada está estableciendo unas tarifas más acordes a estas ventajas, lo que conlleva más beneficios para el sector asegurador, para nosotros y para el paciente. Es un ejemplo más de que cuando sabemos ponernos de acuerdo, las cosas funcionan bien. 

Carlos Rus, presidente de ASPE, en un momento de la entrevista en las instalaciones de la patronal.