Vox exige una auditoría pública anual de eutanasias y sanitarios objetores

Vox ha puesto en funcionamientos los mecanismos legislativos para indagar no solo en el número de personas que han sido sometidas a la eutanasia en España, sino también sobre el “proceso” utilizado en cada caso y los sanitarios que se han declarado objetores de conciencia. Estos son los fines de la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso, mediante la que pretende instar al Gobierno a elaborar y publicar sendos informes sobre el impacto de esta práctica desde que fue legalizada.

Es decir, desde el 25 de junio de 2021, día en que entró en vigor la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. En ella se define esta práctica como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la misma” y con el objetivo de “evitar su sufrimiento”, si bien Vox interpreta que la norma persigue convertir al Estado en el “garante del derecho a morir” de aquellos individuos que cumplan ciertas condiciones.

“O mejor dicho, el derecho a ser matado”, concluye en su proposición la formación liderada por Santiago Abascal, firme opositora de una norma que considera que “atenta contra el derecho a la vida y a la integridad física y moral” de las personas.

En este sentido, denuncia que desde la entrada en vigor de la ley “no se han llevado a cabo informes y estudios oficiales” acerca de su “incidencia real” en España. Es decir, “cuántos casos se han producido, en qué situación familiar y personal se encontraban las personas que han optado por la muerte”, entre otros factores.

¿Cuántas personas han muerto por eutanasia en España?

“Ha transcurrido un año desde que se promulgó la ley, y los datos facilitados por los medios de comunicación y divulgación son contradictorios y dispares”, argumenta Vox, que subraya que algunos organismos apuntan a que en este tiempo se han practicado “aproximadamente 100 eutanasias” y que 200 personas más la han solicitado.

Esta misma formación denuncia “cierta opacidad” por parte de las administraciones a la hora de hacer públicos los datos de incidencia de la eutanasia, “así sobre el número de profesionales que han objetado en conciencia a la hora de practicarla”. Solo dos comunidades, Cataluña (24 personas han recibido la llamada ‘buena muerte’, y 53 lo han pedido) y País Vasco (se han notificado 34 solicitudes, de las cuales se han practicado 13, han dado cifras concretas.

“Si nos remitimos al caso del aborto, lo cierto es que el Ministerio de Sanidad publica un informe anual que, a pesar de las múltiples carencias que existen en el mismo, entre las que destacan las causas por las que se practican los abortos, así como el total de abortos químicos perpetrados, lo cierto es que de él se pueden extraer datos relacionados con el número de abortos practicados en función de cada rango de edad, el país de nacimiento, el tipo de centro, etc”, destaca que Vox, que lamenta sin embargo “la ausencia de un informe análogo en el caso de la eutanasia”.