Congreso de los Diputados.
Ciudadanos ha presentado este miércoles una
Proposición de Ley (PL) que tiene el objetivo de garantizar la igualdad de acceso y promoción para todos los empleados públicos, entre los que se encuentran los sanitarios, sin que se produzca una
discriminación por razones lingüísticas.
"En el ámbito del empleo público, sobre la base de la habilitación contenida en la legislación del Estado, se ha exigido por la legislación autonómica el
conocimiento de la lengua cooficial como un requisito para el acceso y la promoción. La exigencia, sin justificación suficiente y razonable, ha roto la igualdad de todos los españoles en relación con el acceso y la promoción en el ámbito del empleo público", según se desprende de la proposición presentada por la formación naranja.
Cabe destacar que no todas las Comunidades Autónomas que cuentan con una lengua cooficial
exigen que sus profesionales tengan conocimientos de la misma para acceder al empleo público.
Solo Cataluña obliga a los sanitarios a tener un nivel C1 de lengua catalana, en el caso de los médicos y los enfermeros.
"No todas las CCAA que cuentan con una lengua cooficial exigen que sus profesionales tengan conocimienos de la misma para acceder al empleo público"
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Por el contrario, el resto de regiones que tienen una lengua cooficial premian a los profesionales sanitarios que la conocen. En algunos casos puede sumar puntos para la persona que se presenta al concurso-oposición para obtener la plaza, como es el caso de la Comunidad Valenciana o Galicia.
No discriminar por la lengua
"El objetivo de esta Ley es garantizar que no se arbitra, utilizando la lengua como excusa, una fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público", se puede extraer de la PNL presentada por Ciudadanos.
"Se considerará discriminatoria cualquier disposición o medida adoptada por una Administración en relación con el personal a su servicio que forme parte del ámbito de aplicación de esta Ley que suponga que el conocimiento de una lengua cooficial es un requisito para el acceso o la promoción en el empleo público. Igualmente, se considerará discriminatoria la
valoración desproporcionada del conocimiento lingüístico como un mérito, sin atender a la realidad social del conocimiento de la lengua en la Comunidad Autónoma o sin concurrir razones adecuadas, necesarias y suficientes en relación con la función o el puesto de trabajo correspondiente", han puntualizado desde la formación naranja.
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