Un RD parado desde 2011 impide controlar la función de las mutuas en España

El Tribunal de Cuentas ha presentado este miércoles en la comisión parlamentaria mixta el informe en el que señalaba a las mutuas de accidentes de incumplir la ley, priorizando la contratación de medios privados para prestar servicios sanitarios y recuperadores en lugar de recurrir a los servicios públicos.

En dicho documento, el organismo fiscalizador señalaba que la falta de desarrollo normativo del Real Decreto de 2011 sobre la prestación de servicios sanitarios y recuperación por las mutuas de los accidentes de trabajo, aprobado en los últimos meses del Gobierno de Zapatero, llevó a que algunas mutuas "hayan seguido formalizando conciertos de asistencia sanitaria con medios ajenos, aplicando la normativa anterior".

En particular, las mutuas fiscalizadas -Fremap, Asepeyo, Ibermutuamur, Umivale y la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC)- dieron prioridad a la contratación de medios ajenos privados para prestar servicios sanitarios y recuperadores cuando no contaban con medios propios suficientes, lo que es "contrario" a la regulación, que "antepone la utilización de recursos sanitarios públicos a los privados".

Contrataciones ineficaces

Pero, además, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señalaba que ni siquiera en la contratación de estos medios privados se habían cumplido todos los requisitos aplicables, particularmente en relación con las condiciones que debían reunir las mutuas y las entidades concertadas, y con las condiciones económicas de los conciertos.

Así, por ejemplo, de 2008 a 2013 Fremap no sometió ninguno de sus conciertos a procedimientos de licitación, por lo que todos los que estaban en vigor hace dos años habían sido adjudicados "sin las garantías y requisitos legales exigibles".

"Esta situación no se corresponde con una gestión eficiente y económica de los fondos públicos, ya que los servicios fueron adjudicados directamente y con independencia de su importe, se han venido renovando tácita y anualmente, y se han mantenido en vigor durante un tiempo muy prolongado, en algún caso superior a los 20 años", insistía el Tribunal.

En el caso de Asepeyo, la información sobre sus conciertos "no guardaba coherencia" con la base de datos de facturas de asistencia sanitaria, y además haberlos adjudicado de forma directa por una vigencia "prolongada" y con renovaciones tácitas cada año resultaba "contrario al principio de buena gestión", ya que, señalaba el Tribunal, "es previsible que, de someterse a un nuevo procedimiento de concertación" ajustado a la normativa se obtendrían "ofertas económicas más ventajosas".

Falta de control público 

Frente a estos casos, el Tribunal advertía que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social "no ha dado cumplimiento" a sus obligaciones de "verificar la consecución, por las mutuas, de los objetivos de eficacia y racionalidad", ya que en el momento de la fiscalización no había creado un registro de recursos sanitarios para poder evaluar la oportunidad y conveniencia de que las mutuas contrataran medios privados ajenos, ni había creado un registro de proveedores de asistencia sanitaria.

Tampoco había exigido a las mutuas que acreditaran las circunstancias necesarias para contratar medios ajenos, ni comprobó la adecuación de los conciertos firmados, ni tenía información "suficiente y adecuada" de las instalaciones sanitarias propias de las mutuas infrautilizadas, ni había creado el grupo de trabajo para estudiar cómo optimizar su uso. Todo ello previsiones recogidas en el Real Decreto de 2011.

Así, las funciones de coordinación y tutela sobre la gestión de las mutuas en materia de conciertos que la Dirección de Ordenación tiene encomendadas quedaban limitadas a la "mera recepción de información estadística", que "ni comprobaba ni analizaba", fundamentalmente porque no tenía personal suficiente para ello.

Esto, junto con el hecho de que durante estos años la Secretaría de Estado de la Seguridad Social tampoco había fijado las condiciones para adecuar a la nueva normativa los conciertos firmados antes de 2011, llevó a las mutuas a ejecutar conciertos no autorizados y a seguir operando con sus cláusulas originales, en particular respecto de los plazos máximos de vigencia, prórrogas, tarifas y requisitos exigidos a las entidades concertadas.

Uno de los problemas en el que han incidido tanto los diputados como el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, es en la necesidad de aplicar el Real Decreto. "Aunque el Gobierno dio cumplimiento formal a las recomendaciones, su falta de desarrollo posterior ha devenido en ineficiente", ha señalado Álvarez de Miranda.

La senadora de Podemos, Concepción Palencia, respondía que estos hechos son de "una extraordinaria gravedad" y criticaba que "la falta de fiscalización y control de estas mutuas es un auténtico escándalo". Sobre el Real Decreto, ha afirmado que es de "imperiosa necesidad" su desarrollo. Además ha criticado la actuación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y ha preguntado "a quién beneficia su falta de diligencia".

LA diputada del PSOE, Ana María Botella, también ha criticado la "pésima gestión" del organismo y ha pedido "acotar las responsabilidades del ministerio para que esta situación no se vuelva a producir". La senadora del PP, María Aparicio, se ha defendido diciendo que "en la época de anteriores gobiernos también pasaba".

Por último, en su turno de réplica, el presidente del Tribunal de Cuentas ha aludido a que la Dirección General "tiene unas carencias estructurales de personal que afectan a los propios resultados de gestión" y ha pedido que tenga "una mayor dotación para hacer una efectiva labor de control de las mutuas".