Un "mandato legal" aboca al control público en la financiación sanitaria

El Gobierno se ampara en el “escaso margen de maniobra” que le deja el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos para justificar su control a la hora de fijar los márgenes de financiación selectiva de productos sanitarios en farmacias para pacientes no hospitalizados, tal y como se establece en el Proyecto de Real Decreto ad hoc del Ministerio de Sanidad. En julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe del proyecto normativo en el que alerta de que esa medida constituye “una restricción elevada a la actividad económica”.

El Ejecutivo sale ahora al paso de esa valoración a raíz de una pregunta escrita registrada en el Congreso por el Grupo Popular. Según explica, los márgenes fijados en el Proyecto de Real Decreto de financiación selectiva de los productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) “son consecuencia del mandato legal” recogido al respecto en la Ley de garantías.

En efecto, y así consta también en el Proyecto de Real Decreto -actualmente sometido a audiencia pública-, el artículo 94.9 de dicha ley establece: “Las cuantías económicas correspondientes a los conceptos de la distribución y dispensación de los medicamentos y de los productos sanitarios y, en su caso, de las deducciones aplicables a la facturación de los mismos al Sistema Nacional de Salud serán fijados por el Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de forma general o por grupos o sectores, tomando en consideración criterios de carácter técnico-económico y sanitario”.

En base a ello, en Sanidad se consideró que la “mejor fórmula” para fijar los márgenes de financiación de productos farmacéuticos era optar por “un sistema semejante al de medicamentos, habida cuenta del escaso margen de maniobra respecto al marco regulatorio antes referido”, el de la Ley de garantías. En cualquier caso, se aclara que los márgenes establecidos en el Proyecto de Real Decreto se han fijado “conforme a la información trasladada a lo largo del tiempo por los distintos agentes que se ven afectados por la fijación de dichos márgenes”.

CNMC: 'no' al control público en financiación sanitaria

No opinaba lo mismo la CNMC en su informe de julio. El organismo que preside Cati Fernández Vicién considera que el hecho de que la Administración fije los márgenes tanto de los distribuidores de medicamentos y productos sanitarios como de dispensación en oficinas de farmacia supone “una restricción elevada a la actividad económica” que, “especialmente para productos sanitarios, no parece completamente justificada, pues no permite a distribuidores ni a farmacias competir reduciendo precios o mejorando sus servicios”.

Como alternativa, la CNMC propuso intervenir el régimen de márgenes para favorecer  “un sistema que dejase al menos cierto margen de actuación a las fuerzas de mercado” para que las empresas distribuidoras pudieran “diferenciarse en precios y en servicios”, y que las oficinas de farmacia tuvieran la oportunidad de “prestar servicios adicionales y cobrar por ello”.

Medidas para una mayor autonomía farmáceutica

De forma paralela, el Grupo Popular ha preguntado al Gobierno qué medidas tiene previstas “ante la importancia de tener autonomía en temas estratégicos y fábricas de genéricos en la sanidad”. El Ejecutivo resume su estrategia en dos vías. Por un lado, menciona el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, fruto del trabajo de los ministerios de Sanidad, Industria y Turismo, Ciencia, Innovación y Universidades, y Hacienda con “los principales actores” del sector.

La iniciativa incluye, según Moncloa, medidas para fomentar la investigación, la industrialización, el acceso a medicamentos y la sostenibilidad del sistema sanitario pública, además de iniciativas “para mantener una posición de liderazgo en investigación clínica”.

Las otras medidas se enmarcan en el ámbito normativo. Se trata, en primer lugar, del aludido Real Decreto de precios y márgenes de productos sanitarios dispensables en oficina de farmacia, y en segundo, del Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, “que debe estar plenamente alineado con el Reglamento europeo y con la Estrategia farmacéutica europea”.

Además, el Gobierno tiene previsto sacar adelante otros dos proyectos normativos. Uno, el Real Decreto de precio y financiación de medicamentos, que se acometerá, en principio, en 2025, y dos, la reforma de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos. En su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso a mediados de este mes, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, avanzó que la intención es que el borrador de esta última se presente al Consejo de Ministros en noviembre.

Por último, resalta Moncloa que, “desde hace meses”, en el marco europeo se está trabajando en “distintas estrategias relacionadas con incentivos y, en particular, en materia de antibióticos”. Por su parte, a nivel nacional se está revisando el precio de medicamentos esenciales clásicos y de bajo precio, algunos de los cuales son genéricos, “a fin de garantizar su permanencia en el mercado”.