En una respuesta escrita, indica que se busca favorecer proyectos de atención sociosanitaria con las CCAA "voluntarias"

Sanidad analizará qué medidas de impulso de atención sociosanitaria a través de las farmacias rurales incluirá en la reforma de la Ley de Garantías
La ministra de Sanidad, Mónica García.


11 jul. 2024 10:40H
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El Ministerio de Sanidad tiene previsto analizar qué medidas concretas plasmará en la esperada reforma de la Ley de Garantías de cara a impulsar proyectos de atención sociosanitaria a través de las farmacias rurales. En una respuesta parlamentaria escrita, el Gobierno explica que el departamento de Mónica García “favorecerá” que la iniciativa, basada en una experiencia piloto de 2023, se lleve a cabo dentro de un marco de colaboración con las comunidades autónomas “voluntarias”.

El Ejecutivo contesta así a una pregunta formulada por el Grupo Popular en la que se pedían previsiones para atender la solicitud del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof), Jesús Aguilar, para impulsar medidas que den desarrollo a todos los acuerdos alcanzados entre los ministerios de Sanidad, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación a la farmacia rural.

Moncloa recuerda que, “en el marco del programa transversal de actuación en materia de reto demográfico y lucha contra la despoblación” que data de 2021, en 2023 se desarrolló un marco de trabajo para analizar posibles mejoras de la atención sanitaria, social y asistencial de las áreas rurales, “facilitando el desarrollo de servicios asistenciales prestados desde las farmacias comunitarias en coordinación con el resto de estructuras sanitarias y sociales”.

“Se trata de una iniciativa relevante para avanzar en la reducción de la brecha de desigualdad entre áreas rurales y urbanas en el acceso y disfrute de servicios básicos como los sanitarios y asistenciales, y así promover un abordaje del bienestar social desde un enfoque de derechos en condiciones de equidad”, defienden desde el Gobierno.

Al respecto se recuerda que, a pesar de que “debido a su capilaridad y proximidad al ciudadano, los entornos farmacéuticos son importantes para el fomento del bienestar rural y la cohesión social y territorial”, sólo cerca del 30 por ciento de las oficinas de farmacia de España se encuentran en municipios pequeños: el 20 por ciento -unas 4.400- se encuentra en pueblos de menos de 5.000 habitantes, y el 8,4 por ciento, en pueblos de menos de 800 habitantes.

Dos medidas gubernamentales en pro de la farmacia rural


Para paliar esa carencia en zonas rurales, el Ejecutivo destaca dos medidas impulsadas por su parte: una “experiencia piloto” dentro de la primera convocatoria de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, en la que se concedió una ayuda al Cgcom, en la modalidad de entidades sin ánimo de lucro, con un proyecto de Escuelas Rurales en Salud “en el que se fomenta el rol de agente integrador y dinamizador del farmacéutico y su labor de atención sociosanitaria a la población rural en Castilla y León”.

La segunda iniciativa, “con carácter más general”, fue el impulso de un Protocolo de colaboración que establece un marco para desarrollar “proyectos de atención sociosanitaria integral” desde las farmacias comunitarias rurales. Lo suscribieron los tres ministerios aludidos y el propio Cgcof en marzo de 2023 y, entre otras cosas, permite promover la adaptación de la asistencia sociosanitaria a estos entornos poblacionales “aprovechando la capilaridad de las farmacias rurales como factor de dinamización económica”.

El Ejecutivo indica que en el espíritu del Protocolo estaba la puesta en marcha de un programa piloto en este sentido en cada comunidad autónoma, al respecto de lo cual se recuerda, no obstante, que el impuso de iniciativas concretas de salud pública “son responsabilidad de las administraciones públicas dentro de los ámbitos territoriales que se determinen”.

En cualquier caso, el Cgcof ya ha elaborado un documento en el que se establecen recomendaciones acerca de cómo seguir adelante con el programa dentro de la experiencia piloto. Es lo que desde Sanidad, según Moncloa, se busca favorecer con las comunidades autónomas “voluntarias”, más allá de que también está previsto qué medidas al respecto “merecería la pena plasmar” en el texto legal resultante de la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Diálogo continuo entre Salud Pública y los farmacéuticos


Por otro lado, en respuesta a otra pregunta del PP sobre las conclusiones obtenidas de la reunión que mantuvieron en abril el Director General de Salud Pública y Equidad, Pedro Gullón, y el presidente del Cgocof, el Ejecutivo explica que en el encuentro se habló “sobre la importancia que pueden tener las farmacias comunitarias en la promoción de la salud, la prevención y la comunicación, al ser centros comunitarios donde la población acude con frecuencia”.  En esa línea, se acordó seguir manteniendo “un diálogo continuo” para “valorar las potenciales vías de colaboración en los ámbitos competenciales de la Dirección General”.
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