Teresa Angulo, portavoz sanitaria del PP en el Congreso de los Diputados.
El
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una
Proposición no de Ley relativa a la protección sociolaboral de las personas que deciden donar un órgano en vida. Según la petición de los populares, que firma
Dolors Montserrat, se persigue que el Gobierno a realice las modificaciones legales pertinentes para incrementar el amparo laboral del donante vivo de un órgano y equipararla a la que actualmente
tienen las mujeres gestantes durante el embarazo y el postparto.
La
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social debatirá esta PNL que pretende, además proteger el
modelo español de donación y de trasplante de órganos que convierte a España en
líder internacional en este ámbito desde hace veintiséis años.
En su argumentación de motivos, el PP explica que se han desarrollado numerosas iniciativas y programas con los que estimular la donación que
han consolidado a España como «el país de los trasplantes», una circunstancia cuyo impulso y continuidad fueron prioritarios para el anterior Gobierno de Mariano Rajoy mediante medidas como la
s contempladas en el Plan Estratégico Nacional en Donación y Trasplante de órganos 2018-2022 y en el
Plan 50x22, que fue presentado el pasado mes de abril con el objetivo de alcanzar los 50 donantes por millón de población y
superar la cifra de 5.500 trasplantes en los próximos cinco años.
Una de las líneas de trabajo contempladas en el citado
Plan 50 x 22 es potenciar la donación de vivo, una práctica que se ve reflejada –en su mayoría- en la donación de riñón. Con el ánimo de incrementar las donaciones de
órganos provenientes de un donante vivo desde una mayor protección tanto social como laboral del propio donante, el PP propone esta medida que evitaría situaciones como los despidos laborales por las bajas del donante durante el proceso.
De esta forma, y
siguiendo la línea de otras PNLs ya debatidas en la Comisión de Sanidad del Congreso y el
Senado -por los
diferentes grupos políticos-, el PP incide en l
a necesidad de que el donante no sea ‘penado’ por su acto voluntario ni en aspectos económicos ni laborales.
Ya aprobado en el Congreso de los Diputados
Aunque el tiempo de baja estimado es una cosa que nunca antes se ha llegado a estipular,
este mismo mes de octubre se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una enmienda transaccional, firmada por los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones legales necesarias para que la do
nación de un órgano por parte de un donante vivo constituya causa de incapacidad temporal.
Esta incapacidad, según el texto acordado, que ha contado con
343 votos a favor y sólo uno en contra, debe ser tenida en cuenta con los
efectos y las prestaciones de la seguridad social correspondientes, incluyendo todo el proceso médico necesario que conlleve el tiempo del propio proceso de donación hasta que se produzca el trasplante y la
posterior convalecencia hasta recuperar su plena capacidad laboral.
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