Moncloa despeja el "declive" de Muface: "Nuestro compromiso es absoluto"

El Gobierno reitera su “absoluto” compromiso con la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en pleno debate sobre la actualización de su modelo de financiación y con Podemos exigiendo su ‘muerte lenta’ con una Proposición no de Ley (PNL) registrada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ha respondido en esos términos a una respuesta parlamentaria escrita del Grupo Popular acerca de las previsiones para impulsar medidas contra el "declive" del modelo de mutualidades anunciado por el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus.

En Moncloa se remiten, de hecho, a la intervención del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, el pasado 31 de enero en la Comisión de Hacienda y Función Pública. “El compromiso del Gobierno con la mutualidad es absoluto y muy firme”, dijo para contestar al diputado de Vox Emilio del Valle, que había recordado que en el informe Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19, publicado por el Ministerio de Sanidad en 2021, se llamaba a “desligar definitivamente” el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) de la Seguridad Social, así como a reforzar el “aseguramiento universal” del mismo más allá de las “peculiaridades del régimen de mutualismo administrativo”.

Lo cierto es que la postura desde al ala socialista del Ejecutivo siempre ha sido igual de tajante. No en vano, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya negocia con los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social la ampliación de los convenios con mutualidades para abordar casos de bajas por patologías traumatológicas.

No así desde Sumar: aunque en el programa electoral de los de Yolanda Diaz para el 23J se proponía una suerte de extinción progresiva de Muface -y así lo han reiterado a este medio fuentes del partido en varias ocasiones-, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya afirmó públicamente que ese no es un objetivo prioritario.

De hecho, en el Plan Anual Normativo (PAN) aprobado por el Consejo de Ministros en Semana Santa y publicado la semana pasada, se anuncia para 2024 una Ley de Gestión Pública de los Servicios Sanitarios que, aunque busca “blindar el sistema público de salud”, no cierra la puerta a la “gestión indirecta” de la sanidad, siempre y cuando se trate de “excepciones” habilitados “de forma justificada” y “bajo una visión complementaria y de apoyo, de manera coyuntural, y no sustitutorio o estructural” de la atención pública.

Se trata de unas intenciones que contrastan con la esencia de la PNL de Podemos, que busca acabar con la “privatización funcional” del SNS impidiendo, entre otras cosas, que los convenios de gestión indirecta de la sanidad no puedan renovarse una vez concluida su vigencia y estableciendo que la atención sanitaria que hoy se presta a través de Muface se haga directamente a través de los servicios públicos del SNS “sin que pueda ser facilitada por concierto con otras entidades o establecimientos privados”.

Debate en torno a la gestión del modelo de mutuas

En un informe reciente del Consejo Económico y Social sobre el sistema sanitario, se llama a “desligar definitivamente” el acceso al SNS, así como a reforzar el “aseguramiento universal” del mismo más allá de las “peculiaridades del régimen de mutualismo administrativo”.

Por otro lado, el Gobierno manifestó su intención de hacer obligatoria el alta de los nuevos colegiados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), lo cual cerraría la puerta a disponer de una cobertura social alternativa a través de una mutualidad.

Además, en su Memoria Anual de 2023, el Tribunal de Cuentas dio un tirón de orejas a la Administración General del Estado (AGE) por la “ausencia de concreción” y las “deficiencias en el control de la ejecución” de contratos adjudicados en el marco del modelo de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En este sentido, se aboga por "corregir determinados aspectos" como la "inadecuada justificación de criterios de adjudicación o la insuficiencia de medios con los que afrontar la satisfacción de una necesidad pública".