La reforma de Primaria se queda sin rango de ley por invasión autonómica

Parte de Atención Primaria ha puesto sobre la mesa la creación de una ley con rango estatal para dar solución a la crisis asistencial y de recursos humanos que atraviesa el sector, que observa cómo las Estrategias y Planes de Acción no terminan de ejecutarse mientras continúa sumando carencias. Sin embargo, esta petición, que nace de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC), no podría llegar a materializarse dado que las políticas sanitarias corresponden a las comunidades autónomas, lo que no solo podría suponer una invasión competencial, sino también un "obstáculo" para los Gobiernos autonómicos.

Ante la iniciativa de una ley para una nueva Atención Primaria, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG), fuentes del PSOE reiteran que las competencias y, por tanto, las leyes en materia de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que se cierra la puerta a este nacimiento normativo. “No es posible legislar para el ámbito de Primaria a nivel nacional ya que se estarían invadiendo competencias”, puntualizan fuentes socialistas en el Congreso.

En sintonía con el PSOE, las formaciones nacionalistas apuntan a que este tipo de iniciativas puede suponer un obstáculo para los Gobiernos autonómicos. En el caso del Partido Nacionalista Vasco y de Junts per Catalunya, la lectura es idéntica: “Cualquier ley estatal que quiera legislar sobre competencias autonómicas no será bien vista”, sentencian.

El único grupo político que sí que ha dejado caer la posibilidad de abordar la actual situación de la Atención Primaria mediante una normativa estatal que pase por el Congreso de los Diputados ha sido Unidas Podemos. La formación morada ha recogido el guante de las sociedades científicas y ha dejado la puerta abierta a avanzar en este propósito, aunque ha emplazado la decisión a un debate interno que ya se abrió a comienzos del verano. “Se está analizando la conveniencia de plantear una ley”, han expuesto a este periódico.

El socio minoritario del Gobierno ha vinculado la necesidad de dotar de rango de ley a este tipo de políticas a la “negativa” del Ministerio de Sanidad para impulsar la Estrategia de Atención Primaria que se acordó con el conjunto de las comunidades autónomas en 2019. A su juicio, la ralentización de este plan ha mantenido una “situación de falta grave de recursos humanos y de fuerte aumento de lo seguros privados por parte de las personas con poder adquisitivo”. Una realidad que achacan directamente a la gestión de Carolina Darias.

Por su parte, Ciudadanos declara que ya planteó la necesidad de establecer un Plan de Choque para la Atención Primaria en la tramitación de los actuales Presupuestos Generales del Estado para 2022, por valor de más de 500 millones de euros. "El Gobierno y sus socios decidieron no aceptar nuestra propuesta", lamenta la formación naranja. Consultados por este periódico, tanto Partido Popular como Vox han rechazado ofrecer su postura sobre esta posibilidad. 

Responsabilidad ante incumplimientos en Primaria

Poder pedir responsabilidades ante incumplimientos. Esta es la principal premisa bajo la que la sociedad científica autonómica ha impulsado esta iniciativa, con el objetivo de que se establezca una ley que “garantice” que se cumple lo prometido. Una postura con la que coincide Pere Beato Fernández, presidente de Semergen Cataluña, quien defiende que “sin duda” se ayudaría a poder ejecutar medidas. 

“Los planes estratégicos dependen mucho más del color de los Gobiernos del momento y, por tanto, son más efímeros. Antes de su entrada en vigor, las leyes son más debatidas, en teoría por más representantes sociales”, aclara el facultativo.

Por su parte, desde la SEMG expresan hartazgo ante "ingente cantidad de documentos" y solicita garantías para solventar la crisis asistencial. “Estamos hartos de documentos y estrategias. Tienen que ser planes realizables y con obligaciones de cumplirlos. ¿Cómo se hagan? Que inventen lo que quieran, que para algo son políticos. Seguir dando vueltas a documentos ya no es el momento”, reivindica Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de SEMG.