María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
El
Gobierno de España no considera que los datos actuales de
inflación sean suficientes como para una
revisión de la inversión destinada a
Muface. Así se desprende de una respuesta parlamentaria en la que se pregunta sobre la “necesidad de
impulsar un incremento de la dotación presupuestaria acordada en el concierto vigente hasta 2024 para el ‘modelo Muface’ con el objetivo de que el propio modelo pueda afrontar con garantías la inflación existente”.
Dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ejecutivo explica que “el concierto para la asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado contempla una financiación total de
3.521 millones de euros en tres años y una prima incremental de un 10% (la mayor de los últimos quince años), que será de un 8% para 2022”. “No obstante, el propio concierto tiene los mecanismos adecuados para su revisión”, matizan dichas fuentes gubernamentales, que relegan esta posibilidad
a “que las circunstancias lo requiriesen”.
Este periódico
ya avanzó en septiembre de este año que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que capitanea
María Jesús Montero, estaba trabajando para
“buscar la mejor solución posible” a los efectos que la inflación y, por tanto, el aumento de los costes de la cobertura sanitaria que presta Muface. Solución que, en base a la respuesta ministerial, no significa que deba ser mediante un aumento del presupuesto destinado a este ente.
Las aseguradoras de Muface cumplen con lo exigido
El propio Ejecutivo de coalición también se ha querido precisar que “las tres entidades aseguradoras que han suscrito el concierto (Asisa, Adeslas y DKV)
cumplen con los criterios de disponibilidad de medios exigidos en él, criterios que están en concordancia con los utilizados con carácter general por las diversas administraciones sanitarias para la planificación de sus respectivos recursos asistenciales”. Un hecho al que se ha sumado un matiz por parte del Gobierno, quien “recuerda que el Concierto se firma con las entidades aseguradoras, no con los grupos hospitalarios con quienes las mismas contratan”.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (
CSIF), se ha denunciado que
la mitad de los asegurados ha percibido en los últimos meses “incidencias relacionadas con la asistencia sanitaria”, y hasta un 14 por ciento “vio limitado el acceso a su hospital habitual”. Un hecho que vinculan a la crisis económica, pero también “a los intentos de algunos partidos políticos y sindicatos de clase de eliminar el mutualismo administrativo bajo el
falso argumento de que se trata de un privilegio”.
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