Carolina Darias, ministra de Sanidad; e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
21 sept. 2021 17:30H
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Tras los requerimientos vertidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a sus países miembros para implantar planes nacionales que ayudarán a combatir el Alzheimer y elevaran su grado de prioridad frente a las demás patologías, España ideó un plan integral de amplio consenso y que desgranaba las líneas generales a seguir. Sin embargo, dos años después de su aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud ninguna comunidad lo ha implantado ni se le ha asignado una dotación presupuestaria.
“El plan está totalmente parado y falta realizar un estudio económico para que se aplique”, afirma Raquel Sánchez-Valle, secretaria del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Un plan que abarcaba desde el año 2019 hasta el 2023 y que fue anunciado por la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, como la primera estrategia nacional para afrontar el reto social y sanitario que plantea el Alzheimer.
Según apunta a Redacción Médica Pablo Martínez-Lage, neurólogo de CITA Alzheimer y uno de los seis encargados de coordinar su elaboración, el plan nació muerto: “Nadie lo acompañó de una partida presupuestaria. Es como si no lo hubiéramos hecho y solo hubiera importado quedar bien con los organismos supranacionales. Es una oportunidad perdida para dar un cambio radical en el tratamiento del Alzheimer".
Una sensación similar a la de Sánchez-Valle, quien lamenta el esfuerzo realizado en balde. “Si es un plan tiene que llevar un presupuesto finalístico, sino es solo una estrategia. Salvo que dediques un presupuesto específico las medidas se van diluyendo a medida que las pasas a las comunidades. Alguna de ellas ha llegado a estudiar el plan, pero ni si quiera han hecho un cálculo de cuánto costaría aplicarlo”, explica.
Por su parte, desde el ministerio de Sanidad eluden responsabilidades y apuntan que el encargado de diseñar el Plan fue el Grupo Estatal de Demencias, impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del Imserso y coordinado por el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. De hecho, fuentes de Sanidad apuntan a que ponerlo en marcha sería competencia de Derechos Sociales, ministerio ahora en manos de Ione Belarra. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.
¿Aún se pueden aplicar las medidas acordadas?
“El documento goza de un amplio consenso y establece unas líneas generales, que siempre se podría mejorar, pero es una base de la que partir y que no ha quedado desactualizada”, señala la secretaria de la SEN. Cabe recordar que en la elaboración del plan participaron las principales fundaciones, sociedades científicas, organizaciones profesionales e institutos y centros de investigación, así como la Fiscalía General del Estado y el movimiento asociativo de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias.
En el se recogieron los objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan. “Es un plan que quería abarcar todo, lo ideal hubiera sido centrarse en dos o tres objetivos. La creación de unidades especializadas sigue vigente y coordinar equipos multidisciplinares para que el diagnostico se haga menos de 6 meses y no en 3-4 años también es algo pendiente. Con estas dos medidas se daría un paso de gigante”, comenta Pablo Martínez-Lage.
A pesar de todo, el neurólogo no pierde la fe de que se aplique si no todo al menos una parte del plan: “Tengo esperanzas depositadas en la nueva dirección del Centro de Referencia Estatal. Creo que la sabia nueva es rehabilitadora y espero que vengan con ganas de impulsarlo. Es muy difícil acordar un presupuesto para todo, pero sí tal vez para cuestiones específicas”.
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